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Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT)
Inmigración (U.S. Citizenship and Immigration Services –USCIS–), la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection –CBP–) y el Servicio Secreto (U.S.
Secret Service –USSS–). La principal responsabilidad de este departamento es proteger
el territorio estadounidense y la seguridad de sus ciudadanos. Según Rodolfo García
Zamora y Selene Gaspar Olivera (2017, pp. 24-25):
A partir de entonces, no sólo se hace aún más difícil la emigración hacia el vecino país del norte,
sino también la permanencia por la ampliación del marco legal al interior del país (…) Durante
esta etapa es que cambia la naturaleza del retorno, donde las deportaciones al interior del país se
intensifican y se tiende a criminalizar a los migrantes.
Durand (2016b), por su parte, señala:
Salta a la vista que la frontera Sur de Estados Unidos ya no es la misma. La categoría de «frontera
porosa», utilizada a lo largo de varias décadas ya no es operativa, ahora es una frontera vigilada
y militarizada. A lo largo de 20 años, de 1993 a 2014, la frontera se ha convertido en un espacio
progresivamente controlado y vigilado (…) No sólo eso, el control fronterizo irá en incremento
en un futuro y cada vez será más difícil, riesgoso y oneroso cruzar la frontera de manera
subrepticia. El control fronterizo no sólo responde a una política migratoria, es una pieza clave
de un proyecto de seguridad nacional diseñado a partir del 11 de septiembre de 2001 (p. 243).
A decir de Rafael Alarcón y William Becerra (2012), las deportaciones desde el interior
de los EE. UU. entraron en una nueva fase a partir del 2002 cuando se empezó a aplicar
la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del
Inmigrante (IIRAIRA, 1996), que autorizó al Department of Homeland Security (DHS) a
establecer acuerdos con agencias policiales de las ciudades y estados para entrenar a
sus oficiales como agentes de inmigración. Por otro lado, entre 2008 y 2014 operó el
programa Comunidades Seguras (Secure Communities), que permitió la colaboración entre
las fuerzas federales, estatales y locales para identificar a personas extranjeras que fueron
arrestadas o detenidas y, proceder en ciertos casos a su deportación. Se calcula que a
través de la aplicación de estas disposiciones se deportó a casi 400 000 indocumentados
en estos años.