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«Otra vez a lo mismo»: Migración de retorno y procesos de reintegración en el altiplano occidental de Guatemala
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Violaciones a los derechos humanos e impacto psicosocial de las
redadas
Estas redadas permiten constatar el continuum de violaciones a los derechos humanos
que enfrentan las personas migrantes en los países de origen y en los países de destino.
En ambos casos se perciben violaciones a los derechos humanos en el país de origen,
en donde la falta de oportunidades, los efectos de la guerra y la pobreza, obligaron a
la población a migrar en busca de mejores oportunidades de vida. También es posible
constatar violaciones a los derechos humanos en el país de destino: abusos en el
lugar de trabajo, procesos de detención arbitrarios; y procesos legales acelerados y de
cuestionable validez.
La redada de New Bedford fue fuertemente criticada porque demostró que las redadas
en lugares de trabajo afectaban fuertemente a un gran número de niños, muchos de ellos
ciudadanos americanos. Varios de estos niños y niñas no pudieron ser recogidos por sus
padres y madres después del trabajo, por lo que quedaron en escuelas y guarderías, lo que
representó un grave problema humanitario. La separación de sus padres por un largo
período de tiempo provocó traumas, síntomas de depresión, ansiedad por la separación
y estrés postraumático (Caaps et.al, 2007). Ambas redadas provocaron la separación de
varias familias guatemaltecas, algunas de las personas capturadas en la redada fueron
deportadas a Guatemala, sin embargo, dejaron familiares en los Estados Unidos.
En el caso de la redada de Postville, Camayd-Freixas (2009) señala varias irregularidades:
cuarteles de reclusión no certificados, el tribunal no mantuvo independencia física
ni operativa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, no hubo igualdad de
condiciones para la defensa, los detenidos no tuvieron acceso adecuado para recibir
consejo de los abogados defensores, no hubo presunción de inocencia y los acusados no
parecían entender sus derechos y cargos penales. También fueron negadas las audiencias
para fijar fianza, el cargo penal de robo de identidad se usó para forzar una declaración
de culpabilidad cuando los acusados no sabían lo que era un número de seguro social y,
por lo tanto, no eran culpables de ningún delito intencional ni doloso.
Es relevante mencionar que tras la redada también se inició un proceso contra la
empresa por haber contratado a migrantes indocumentados que eran menores de edad.
Al momento de la redada había 32 menores de edad, la mayoría guatemaltecos. Estos
jóvenes testificaron en el juicio contra la empresa y algunos de ellos fueron beneficiados