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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump

de Abjasia y Osetia del Sur como Estados-naciones independientes de Georgia: la 
Federación Rusa, Nauru, Venezuela y Nicaragua. La propuesta que Trump envió al 
Congreso fue reducir a cero la ayuda estadounidense a Nicaragua en 2019. Ciertamente, 
esta reducción no es una tragedia de las dimensiones que tendría la aplicación de la Nica 
Act, que ya fue aprobada por el Congreso y que supone el veto estadounidense a todo 
préstamo de los organismos multilaterales al gobierno de Daniel Ortega. Pero incluso 
la pérdida de más de una decena de millones de dólares no es despreciable para una 
economía tan diminuta como la nicaragüense. Equivale al presupuesto del Ministerio de 
Recursos Naturales.

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En el presupuesto, la ayuda a El Salvador, Honduras y Guatemala, los tres beneficiarios 
del Plan Alianza para la Prosperidad, quedó supeditada al cumplimiento de dos sets 
de condiciones. Un 25% a las siguientes: informar a sus ciudadanos de los peligros de 
viajar por la frontera suroeste delos Estados Unidos; combatir el coyotaje y el tráfico 
de personas; mejorar la seguridad fronteriza para prevenir la migración ilegal, el tráfico 
de drogas y personas y cooperar con el gobierno de los Estados Unidos para facilitar el 
retorno, repatriación y reintegración de los migrantes ilegales que lleguen a la frontera 
suroeste de los Estados Unidos y que no califiquen para el asilo de acuerdo con las 
legislación internacional.

Otro 50% quedó condicionado a la supervisión del Plan: el combate a la corrupción 
(incluyendo la investigación y procesamiento de funcionarios de gobierno anteriores 
y actuales señalados como corruptos); la implementación reformas y programas que 
fortalezcan la transparencia y las instituciones públicas (incluyendo la capacidad e 
independencia del poder judicial y la fiscalía); la implementación de políticas que aseguren 
que las comunidades locales (incluyendo indígenas) y organizaciones de la sociedad civil 
sean consultadas en el diseño y participen en la implementación y evaluación de las 
actividades del Plan que los afecten; el combate a las pandillas, narcotraficantes y el 
crimen organizado; la investigación y procesamiento judicial de personas del gobierno, 
el ejército y la policía que hayan violado los derechos humanos; la cooperación con las 
comisiones contra la corrupción y la impunidad y con entidades regionales de derechos 
humanos; el apoyo a programas de reducción de la pobreza e inversión social y creación 
de empleos y crecimiento, especialmente en áreas emisoras de migrantes; la realización 
de planes –disponibles para el Departamento de Estado– para crear fuerzas policiales 
civiles; la protección de los derechos de los partidos políticos de oposición, periodistas, 

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  Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos, Presupuesto de egresos, http://www.hacienda.gob.

ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-republica/presupuesto-2017/titulo-ii-
presupuesto-general-de-la-republica/presupuesto-de-egresos