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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump
o sospecha que no están autorizados para permanecer en Estados Unidos. Esa cifra
representa un 37.6% respecto de las capturas realizadas en el mismo período del año
anterior, los arrestos en las comunidades aumentaron de 8 381 a 12 766. El ICE señala
que cerca del 75% de los aprehendidos cometieron crímenes que abarcaron: homicidio,
atracos, abuso sexual y comercio de drogas. El director en funciones de sea institución
exhibe estos logros como una muestra de la seriedad del compromiso de Trump con la
legislación migratoria y de la claridad de sus directrices.
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Estas cifras contrastan con la reducción de las capturas en la franja fronteriza. Podemos
interpretarlas como una reedición del programa de comunidades seguras que había sido
suspendido por Obama y que Trump pide reactivar. Es obvio que se montan sobre
el traslape entre la legislación penal y las políticas migratorias, habida cuenta del alto
impacto de las personas que cometieron delitos entre los arrestados. Esto significa que
la continuidad y profundización de estas políticas depende de que el ICE trabaje de la
mano con las policías locales y otros cuerpos responsables de la aplicación de las leyes.
El reconocimiento a las ciudades santuario
Por eso el quimérico proyecto de Trump necesita ineludiblemente la colaboración de las
autoridades locales. Para conquistar su anuencia –y minar a los discrepantes– Trump ondea
las transferencias del nivel federal hacia los gobiernos locales. Ofrece castigo financiero a las
ciudades santuario y premios pecuniarios a los colaboradores. Al insistir en una arremetida
contra las jurisdicciones santuario, Trump pisa un terreno movedizo. Esas jurisdicciones
no están formalmente constituidas como tales, su estatus no es jurídico y el alcance de su
concesión de derechos o simple permisividad hacia los indocumentados es muy variada.
Oscila desde las que les permiten incluso votar en elecciones locales (Maryland), pasando
por las numerosas que les conceden carnets de conducir, hasta las que simplemente no
permiten que sus funcionarios colaboren con el ICE.
La insistencia de Trump de enfocarlas como objeto de las políticas migratorias es
una forma de reconocimiento, aunque se realice desde una voluntad punitiva. Sobre
la base de la identidad concedida a un conglomerado muy disímil, las jurisdicciones
santuario podrían cobrar vida jurídica y agigantar su impacto político. Lo que hacían con
cierto nivel de discreción podría alcanzar más decibelios y sindicalizar a quienes no se
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Immigration and Customs Enforcement, «ICE ERO immigration arrests climb nearly 40%»,
https://www.ice.gov/features/100-days