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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump
Las cifras de 2017 son las más bajas del último quinquenio, pero no están muy por debajo
de las de 2013 (algunos meses están por encima) y son cercanas a las que hubo entre
2009 y 2011, incluso superándolas en algunos meses. En el período inmediatamente
anterior y posterior a las elecciones que llevaron a Trump al poder se registra el siguiente
desempeño: las detenciones en 2016 fueron en ascenso mes a mes hasta llegar a 16 409
en octubre de ese año y descendieron a 8 959 en diciembre, y siguieron en descenso
hasta sumar 8 305 en enero de 2017, 6 436 en febrero, 5 288 en marzo y 4 608 en abril,
pero repuntaron con 6 205 en mayo. Por consiguiente, aquí también se confirma la tesis
del «efecto Trump»: aceleración a fines de 2016, seguida de cautela que quizás se empieza
a desvanecer. La revisión de los últimos 11 años nos permite conjeturar que los niveles
de capturas no corresponden niveles inéditos. Se dispararon nuevamente en 2018, pero
solo los meses de septiembre y octubre superan los niveles de 2007. El «efecto Trump»
podría significar que hubo una aceleración a fines de 2016, pero que de momento no
se cumplen los fines del teatro de Trump: situar la migración en unos niveles históricos
muy bajos. En cambio, se han situado en el nivel de 2007, superior al período 2009-2014.
Los que entraron por la puerta grande y otros ya establecidos
Los cruces ilegales no son la única vía de incremento de los indocumentados. No son,
por consiguiente, la única área para valorar la eficacia de las políticas de Trump. Los
informes realizados por consultores ante el Congreso sostienen que al menos un 40%
de los migrantes no autorizados son personas que ingresaron con visa y se quedaron
más tiempo del que les fue concedido cuando ingresaron al territorio estadounidense,
los overstayers. Este era un asunto de sobra conocido antes de que Trump subiera al
poder. En una declaración presentada en 2013 ante el Comité del senado que se ocupa
de la Homeland Security y los asuntos gubernamentales, el miembro del Consejo de
Relaciones Exteriores, Bernard L. Schwartz, estimó que más del 40% de los inmigrantes
no autorizados que entonces vivían en Estados Unidos «no habían cruzado ilegalmente
la frontera, sino que habían arribado legalmente con una visa de turista, estudiante,
negocios u otro tipo, y luego habían violado los términos de la visa permaneciendo más
tiempo en los Estados Unidos».
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Hasta septiembre de 2016, un programa piloto de test biométricos para controlar los
ingresos y salidas había costado cerca de 13 millones de dólares. Sobre la base de esos
tests, un informe de febrero de 2017 sirvió para conocer que solamente en 2015 hubo
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Edward Alden, «Measuring the Effectiveness of Border Enforcement, Prepared statement before the
Committee on Homeland Security and Governmental Affairs United States Senate 1st Session, 113th
Congress», Council on Foreign Relations, 14 de marzo de 2013, 9.