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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump

La innovación de Trump consiste en que ya no se conceda por defecto el derecho a aplicar al 
asilo. Los oficiales de inmigración podrán, de forma expedita, determinar en cuáles casos 
aplica y cuáles no. Este poder discrecional ya existía y de hecho ha sido muy estudiado 
por el enfoque teórico que dice que la «street-level bureaucracy» [burocracia a nivel de la 
calle, se refiere a los que están en contacto directo] es una especie de legislador oculto, 
pues determina cómo y hasta qué punto se aplican las políticas. También fue estudiado el 
poder discrecional de los jueces en Deportation Nation [Nación Deportadora] de Daniel 
Kanstroom. Trump fue más allá en este terreno, oficializó el poder de esa burocracia 
de la frontera con el «a juicio de un oficial de migración», reconociendo a los agentes 
del Immigration and Customs Enforcement un poder de decisión del que no disponían 
oficialmente, aunque algunos lo ejercían, extralimitándose en las funciones asignadas.

Otra profundización de las políticas anti-inmigrantes son las multas y sanciones a 
quienes facilitan la presencia de las personas migrantes no autorizadas, no es una 
novedad en materia legislativa. Es lo que quiso establecer la ley de Arizona SB 1070 y 
otras legislaciones de los estados hechas a su imagen y semejanza. La novedad consiste 
en elevar a la condición de procedimiento federal aquello que no ha sido puesto en 
práctica en toda su severidad a nivel de los estados.

Ninguno de estos lineamientos, con que Trump entró en escena para asestar un sonoro 
golpe a los migrantes no autorizados, no es una novedad, pero la suspensión de programas 
como DACA y el TPS son el más cabal cumplimiento de las promesas que Trump 
prometió durante la campaña por la presidencia, las cuales fueron políticas más ominosas 
que las previamente existentes porque tienen el potencial de afectar a un elevado número 
de migrantes que ya estaba en vías de legalización. Otro tanto cabe afirmar sobre la Raise 
Act. En definitiva, Trump está golpeando con mayor contundencia a la migración legal: 
DACAmentados, beneficiarios del TPS, hermanos y padres de migrantes legales e hijos de 
migrantes legales que aplicaron al programa CAM.

Estas son las medidas, que quizás, pueden tener un similar impacto al traslape entre el 
sistema penal y el migratorio, que sentó las bases para expulsar migrantes por delitos 
menores o el programa e-verify [verificación electrónica] que se aplicó en muchas 
localidades. Esas son las políticas con el potencial de añadir mayores amenazas sobre 
los «legales» y no a los «ilegales» que Trump dice tener en la mira. El traslape entre 
faltas penales y migratorias es el cambio legislativo que mayor daño ha hecho a los 
migrantes indocumentados en décadas. Su potencial dañino es aún mayor debido a su 
trasvase con las leyes llamadas «truth in sentencing» [cumplimiento de la totalidad e la