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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump
Los acuerdos entre los niveles federal, estatal y local no son nuevos. Hay acuerdos
vigentes y las formas en que se gestionan o no se logran establecer reflejan la diversidad
de posturas de los estados, condados y ciudades ante las políticas migratorias, que son
competencia federal. Cuando la voluntad local es propicia a las directrices federales
anti-inmigrantes, esos acuerdos son superfluos. Prueba de ellos son los casos de políticos
y funcionarios locales –como el ex sherif de Maricopa Joe Arpaio y la gobernadora
del estado de Arizona Jean Brewer– que se aplicaron a la tarea de perseguir a los
indocumentados con un celo que no requiere acuerdos y que incluso va más allá de
la legislación federal. En otras palabras, los acuerdos no son determinantes, pero su
proclamación buscó esa presencia permanente en los medios que produce la sensación de
que «algo está ocurriendo» y el Gobierno va cumpliendo lo que prometió. Sin embargo,
al haber añadido nuevas localidades a estos acuerdos, complicó la situación de un mayor
número de indocumentados y expandió en forma palpable la aplicación de las leyes
migratorias. Como fruto de esos acuerdos, el ICE proclamó haber entrenado a más de
1 822 oficiales de los estados y locales para aplicar la legislación migratoria. Del listado
de los 60 acuerdos que aparecen en el sitio web del ICE, la gran mayoría (18) fueron
suscritos por sheriff del estado de Texas. En segundo lugar, está Carolina del Norte con
cinco acuerdos, y en tercer lugar Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Sur con cuatro
acuerdos cada uno. No obstante, aquí Trump no hizo más que seguir la tendencia de su
predecesor. Cincuenta de los sesenta acuerdos fueron firmados en 2016, bajo el mandato
de Obama. Sólo diez corresponden al período de Trump.
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La deportación de migrantes que han cometido delitos ya está en curso. Tampoco
es nueva. Para hacerlo notorio, desde su –relativamente reciente– creación el DHS
presenta sus cifras de deportados contabilizando quiénes cometieron delitos y quiénes
no. Difícilmente, Trump conseguirá superar las que ya son cifras récord. Pero sí ha
elevado las cifras de arrestos en el interior del país y el peso relativo de los migrantes
sin récord criminal en estos arrestos. De enero a junio de 2016, el ICE bajo la
administración de Obama hizo 54 683 arrestos, de los cuales fueron objeto solamente
un 15% de indocumentados sin récord criminal. En ese mismo período en 2017, el
ICE bajo Trump hizo 75,045 arrestos, elevando a 26% los afectados que tenían un
expediente policial limpio.
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U. S. Immigration and Customs Enforcement, «Delegation of Immigration Authority Section 287(g)
Immigration and Nationality Act», https://www.ice.gov/287g
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Tal Kopan, «ICE: Arrests still up, deportations still down», CNN, 11 de agosto de 2017, http://
edition.cnn.com/2017/08/11/politics/trump-administration-deportations/index.html