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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump
la administración de Obama y 460 000 beneficiarios del TPS y del programa Deferred
Enforced Departure (DED) [Implementación de la Deportación Diferida]. Se prevé que
esa iniciativa enfrentará cierta resistencia en un Senado con una mayoría republicana.
El representante republicano de Colorado, Ken Buck, lanzó como advertencia ominosa
el señalamiento de que esa ley es «fatalmente defectuosa. Los republicanos nos
inclinamos por una solución compasiva para ayudar a los beneficiaros de la DACA, pero
esa solución debe ir de la mano con el sentido común aplicado a la seguridad fronteriza,
la implementación de las leyes en el interior de los Estados Unidos y los cambios en las
políticas para detener la marea de cruces ilegales, el tráfico de personas y las peticiones
de asilo frívolas. Trágicamente, esta propuesta no hace nada por enfrentar la crisis en la
frontera sur.»
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Supresión y período de gracia para el Temporary Protected Status (TPS)
Siguiendo la recomendación del Departamento de Estado, el Department of Homeland
Security suspendió el lunes 6 de noviembre de 2017 el Temporary Protected Status (TPS)
[Estatus de Protección Temporal]que beneficiaba a 2 500 nicaragüenses. A partir del
5 de enero de 2018 esos nicaragüenses tuvieron un año de gracia, hasta el 5 de enero de
2019, para reajustar su estatus migratorio o abandonar los Estados Unidos. El gobierno
nicaragüense no solicitó una expansión del TPS.
El Department of Homeland Security se dio un lapso de seis meses, entre enero y julio
de 2018, para tomar una decisión sobre el TPS que beneficia a 57 000 hondureños.
La principal consideración del Departamento de Estado sostiene que ese estatus era
temporal y su extensión por 20 años no está justificada por las actuales circunstancias.
Sin embargo, debido a las condiciones de violencia que laceran a la población hondureña,
el TPS de los ciudadanos de ese país debía ser objeto de mayor deliberación. A los
nicaragüenses y hondureños, al igual que alrededor de 190 000 salvadoreños, se les
otorgaron extensiones del TPS que expiraron entre 2018 e inicios de 2019. En octubre de
2018, un juez federal interpuso un recurso para bloquear la expulsión de los beneficiarios
del TPS. El DHS decretó que, debido al litigio legal, dichos beneficiarios conservarían su
estatus y sus permisos de trabajo hasta el 2 de enero de 2020. Si la Dream and Promise Act
resulta aprobada, podría entrar en vigencia y beneficiar a este grupo de migrantes antes
de que expire el plazo que el DHS estableció.
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Susan Ferrechio, «House Democrats pass “Dream Act” despite likely Senate block», Washington
Examiner, 4 de junio de 2019, https://www.washingtonexaminer.com/news/congress/house-
democrats-pass-dream-act-despite-likely-senate-block