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Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales
f)
Reinstauración del programa «Comunidades seguras», que bajo la administración
de Obama sirvió para legitimar redadas en barrios de latinos y que entrelazó aún
más estrechamente las políticas migratorias y la legislación penal que ya habían
sido traslapadas en la administración Bush.
La orden determinó que serán priorizadas las deportaciones de los extranjeros que
hayan sido encarcelados por la comisión de delitos, los que estén siendo procesados
judicialmente (aunque su culpabilidad todavía no haya sido establecida), los que hayan
cometido actos que puedan ser considerados como delictivos, quienes hayan estado
involucrados en fraudes o tergiversación voluntaria en asuntos oficiales o cuando
aplicaron –a fondos, posición– ante una entidad gubernamental, los que hayan abusado
de cualquier programa de recepción de beneficios públicos, los que estén sujetos a una
orden final de deportación (pero no hayan cumplido con su obligación legal de salir del
país) y aquellos que representen un riesgo para la tranquilidad pública y la seguridad
nacional a juicio de un oficial de migración. Llevadas a la práctica, estas directrices
significaron de hecho la eliminación de categorías prioritarias para la deportación y el
ensanchamiento del especio donde opera la discrecionalidad.
En menos de un año, contado a partir de la promulgación de esta orden, el secretario
del DHS estaba comprometido a imponer regulaciones, cuando fueran requeridas por la
ley, para aplicar las multas y sanciones que caerían sobre todos los extranjeros ilegales y
quienes facilitan su presencia en los Estados Unidos. Además, en caso de contar con la
aprobación del Congreso, debía contratar 10 000 agentes más para el ICE, que deberán
ser entrenados y autorizados para aplicar las políticas migratorias. Trump logró que el
presupuesto del ICE pasara de 6 100 a 7 600 millones en 2019 y que el de la Border
Patrol creciera desde 3 801 millones en 2016 a 4 696 millones de dólares en 2019.
11
Pero
el número de empleados del ICE se ha mantenido alrededor de los 8 000 desde 2013.
La Border Patrol se mantiene en torno a los 21 000 desde 2010.
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Los acuerdos con entidades de los estados y localidades facultarán a sus funcionarios
encargados de aplicar las leyes para que ejerzan las funciones de oficiales de migración
en el interior del país. La orden fue muy explícita al respecto: podrán investigar, capturar
y recluir a los extranjeros, siempre bajo la dirección y supervisión del secretario del DHS.
11
U.S. Customs and Border Protection, «U.S. Border Patrol Fiscal Year Budget Statistics (FY 1990-
FY 2019)».
12
U.S. Department of Homeland Security, «FY 2019 Budget-in-Brief, 90», https://www.dhs.gov/sites/
default/files/publications/DHS%20BIB%202019.pdf