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Políticas migratorias estadounidenses y resistencias de los centroamericanos indocumentados en la era de Trump
Esta orden fue concretada por el memorándum «Implementing the President’s Border
Security and Immigration Enforcement Improvements Policies» [Implementación de
las mejoras presidenciales de las Políticas Migratorias y de la Seguridad Fronteriza] que
John F. Kelly, director del DHS, emitió el 20 de febrero de 2017. El memo apela a la
definición legal de «menores no acompañados» para revisar las acciones emprendidas
por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) [mejor conocida como «la migra»],
considerando como tales a aquellos que no tienen padres y custodios legales en los
Estados Unidos. Kelly menciona que de los 155,000 presuntos menores no acompañados
que fueron aprehendidos en la frontera sur en los últimos tres años (la mayoría de
El Salvador, Honduras y Guatemala), el 60% tenían padres residiendo de forma ilegal
en los Estados Unidos y, por tanto, no calzaban con la definición de «menores no
acompañados». Por consiguiente, la explotación de esa política, a juicio de Kelly, condujo
a abusos por parte de los padres de esos menores que prolongaron sin base procesos
judiciales en las cortes migratorias. Kelly ordenó la aplicación estricta de la definición
y la revisión de los casos donde ese estatus fue adjudicado. Los que no calcen con la
definición serán deportados. El memo fue más allá: habida cuenta del riesgo en que los
padres (que suelen ser migrantes ilegales) han puesto a sus hijos al pagar a coyotes para
que los lleven a los Estados Unidos, estos deben ser deportados si son indocumentados
o procesados como criminales.
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El fiscal general, Jeff Sessions, también reforzó la orden ejecutiva mediante un memo en
el que mandó especial encarnizamiento contra el coyotaje, el fraude con los documentos
de identidad y la reincidencia en el cruce ilegal de la frontera.
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Mayor concreción de esta orden ejecutiva fue el incremento presupuestario para las
detenciones, desde las 34 000 camas que se financiaron en el año fiscal de 2016 hasta las
39 000 que fueron financiadas en el año fiscal de 2017 y, de momento, hasta las 40 520 de
2019.
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Otra concreción es la adjudicación a GEO’s U.S. Corrections and Detention de un
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Secretary U.S. Department of Homeland Security, «Implementing the President’s Border Security
and Immigration Enforcement Improvements Policies», 20 de febrero de 2017, https://www.dhs.
gov/sites/default/files/publications/17_0220_S1_Implementing-the-Presidents-Border-Security-
Immigration-Enforcement-Improvement-Policies.pdf
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Office of the Attorney General, «Memorandum for all federal prosecutors, Renewed Commitment
to Criminal Immigration Enforcement», 11 de abril de 2017, https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/956841/download
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Anna Edgerton y Arit John, «Why “Detention Beds” Complicate U.S. Border Debate» The Washington
Post, 12 de febrero de 2019, https://wapo.st/2ZliJsr