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Este proceso conlleva la movilización de recursos nacionales e internacionales, equipo humano 
capacitado y estrecha coordinación interinstitucional.  El MAGA, el Ministerio de Finanzas, 
el Registro General de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional y la Corte Suprema de 
Justicia, son las instituciones públicas más importantes.  Pero también es conveniente que 
participen las municipalidades y organizaciones civiles locales, así como otras que así se 
considere conveniente. El sistema de concesiones en Áreas Protegidas que ha venido 
promoviendo el CONAP, puede ser fortalecido también para que los administradores se 
agencien de ingresos mediante el cobro de servicios ambientales, que sean identificados. 

 
 

4.2.2.2 

Mercados de Carbono 

 

Es importante establecer un consorcio con los países mesoamericanos para la negociación 
conjunta de la oferta de certificados de carbono, que permita mejorar las condiciones de 
precio y extensión de las áreas comprometidas.  Para el efecto es fundamental la 
participación de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, los Ministerios o 
Secretarias de Ambiente de cada país, así como las entidades específicas encargadas del 
tema.  En la Estrategia Nacional de Biodiversidad se sugiere el cobro de impuestos al 
consumo de carburantes e impuestos por emisión producida.  Este sistema ha demostrado 
efectividad en Costa Rica.  Para Guatemala puede estudiarse la productividad de establecer 
un impuesto a los combustibles, con una tasa mayor al diesel, respecto a la gasolina, debido a 
que este primero produce mayores niveles de contaminación atmosférica. También podría 
evaluarse la creación de permisos negociables de emisión, entre empresas industriales, lo 
cual requiere evidentemente, la definición de parámetros de “permisibilidad” de emisiones. 

 

4.2.2.3 

Internalización de Servicios Hidrológicos 

 

Las municipalidades pueden jugar un papel muy importante en la protección y conservación de 
cuencas hidrográficas. Varias municipalidades con participación de representantes 
comunitarios y el Servicio de Areas Protegidas CONAP) pueden crear consorcios para la 
protección y conservación de cuencas hidrográficas.  A través del FONACON, dicho 
consorcio puede captar recursos provenientes del cobro de tasas diferenciadas por uso del 
agua, según distancias de distribución, volúmenes de uso, tipos de usuarios y otros criterios 
que reflejen el comportamiento y composición de la demanda local de agua.  La identificación 
de los usuarios de cuencas es fundamental para establecer las condiciones de pago por los 
servicios que estas reportan.   

 

Este sistema deberá apoyarse en modelos econométricos que definan beneficios marginales 
por tipo de usuario y la estimación de costos marginales para cada caso.  Algunos usuarios 
clave son las empresas industriales que utilizan el agua como insumo, los productores 
agrícolas que la requieren para riego, las empresas hidroeléctricas y los usuarios 
domiciliares. Los fondos de agua pueden ser de carácter rotatorio, nutriéndose además con 
ingresos provenientes de cuotas negociables de cacería y pesca y cuotas de extracción de 
especies de flora y fauna.  Igualmente mediante el cobro de multas cuando se rebasan las 
cuotas autorizadas.