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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 3-48, ISSN 2617-037X
Conclusiones
En Guatemala, los mecanismos de PSA se derivaron de un primer esfuerzo
por reducir la deforestación por medio de plantaciones forestales, a través
de un mecanismo fiscal que permitía deducir del ISR las inversiones en la
actividad forestal dentro del Programa de Incentivos Fiscales. Establecido
en 1974 e implementado a partir de 1977, este mecanismo estuvo vigente
hasta el año 1996, cuando fue decretada la actual (sexta) Ley Forestal.
La iniciativa de la Ley Forestal que creó el Pinfor se discutió entre muy pocos
actores y las decisiones fueron tomadas por la coyuntura del momento
político de los años noventa. Con el surgimiento del Pinfor (1997) se
generó un escenario de apertura para la incorporación de propietarios de
tierras a la actividad forestal, lo cual modificó radicalmente el mapa de
actores del sector.
La evolución del programa durante su existencia correspondió a la
incidencia de los sectores representados en la junta directiva del INAB, que
lo condujeron según sus intereses gremiales, como en el caso de montos
que se reconocieron en las dos modalidades de ejecución (plantaciones
y manejo de bosque natural), los tiempos de realización según el tipo de
proyecto, las regiones y especies prioritarias, entre otros; lo cual se refleja
en las diferentes versiones del reglamento.
La disposición contenida en la Ley Forestal que determinó las proporciones
de recursos financieros destinados para las plantaciones forestales (80 %)
versus los otorgados para manejo y protección de bosque natural (20 %)
fue, según los actores del sector, lo que generó la mayor controversia entre
los propietarios de bosques que solicitaban ingresar al programa.
Las modificaciones incorporadas a estas versiones del reglamento generaron
conflictos entre diversos actores del sector forestal, principalmente en los
siguientes temas: la posibilidad de poder establecer en una misma finca
más de un proyecto durante un mismo año, el otorgamiento del incentivo
a plantaciones de hule, la ampliación de los proyectos de protección de
bosques hasta diez años y la aplicación de estándares para mejorar la
calidad de las plantaciones.