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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 3-48, ISSN 2617-037X

Conclusiones

En Guatemala, los mecanismos de PSA se derivaron de un primer esfuerzo 
por reducir la deforestación por medio de plantaciones forestales, a través 
de un mecanismo fiscal que permitía deducir del ISR las inversiones en la 
actividad forestal dentro del Programa de Incentivos Fiscales. Establecido 
en 1974 e implementado a partir de 1977, este mecanismo estuvo vigente 
hasta el año 1996, cuando fue decretada la actual (sexta) Ley Forestal. 

La iniciativa de la Ley Forestal que creó el Pinfor se discutió entre muy pocos 
actores y las decisiones fueron tomadas por la coyuntura del momento 
político de los años noventa. Con el surgimiento del Pinfor (1997) se 
generó un escenario de apertura para la incorporación de propietarios de 
tierras a la actividad forestal, lo cual modificó radicalmente el mapa de 
actores del sector.

La evolución del programa durante su existencia correspondió a la 
incidencia de los sectores representados en la junta directiva del INAB, que 
lo condujeron según sus intereses gremiales, como en el caso de montos 
que se reconocieron en las dos modalidades de ejecución (plantaciones 
y manejo de bosque natural), los tiempos de realización según el tipo de 
proyecto, las regiones y especies prioritarias, entre otros; lo cual se refleja 
en las diferentes versiones del reglamento.

La disposición contenida en la Ley Forestal que determinó las proporciones 
de recursos financieros destinados para las plantaciones forestales (80 %) 
versus los otorgados para manejo y protección de bosque natural (20 %) 
fue, según los actores del sector, lo que generó la mayor controversia entre 
los propietarios de bosques que solicitaban ingresar al programa.

Las modificaciones incorporadas a estas versiones del reglamento generaron 
conflictos entre diversos actores del sector forestal, principalmente en los 
siguientes temas: la posibilidad de poder establecer en una misma finca 
más de un proyecto durante un mismo año, el otorgamiento del incentivo 
a plantaciones de hule, la ampliación de los proyectos de protección de 
bosques hasta diez años y la aplicación de estándares para mejorar la 
calidad de las plantaciones.