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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 3-48, ISSN 2617-037X
operaciones sectoriales financiadas por el Banco Mundial (BM) y mediante
la privatización de servicios que otorgaban empresas públicas. El anterior
proceso se inscribe dentro del contexto internacional de varias vertientes,
tales como el Consenso de Washington, la creación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), la firma del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), las
políticas neoliberales y la apertura comercial a través de la firma del Tratado
de Libre Comercio (TLC).
Un acontecimiento de relevancia de esta época fue la firma de los Acuerdos
de Paz. Específicamente, en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos
y situación Agraria, se indica que el Gobierno debe tomar medidas para el
acceso a la propiedad de la tierra y uso de los recursos naturales mediante
concesiones a pequeños y medianos campesinos legalmente organizados
en las áreas de uso múltiple para el manejo forestal sostenible, y que
promoverá y apoyará la participación del sector privado y las organizaciones
comunitarias de base en proyectos de manejo y conservación de recursos
naturales a través de incentivos
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.
Otro hecho notable fue la instauración, a partir de 1989, de la Oficina
Técnica de Formulación para la elaboración del documento base del
PAFG, con respaldo político del gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo.
Esta oficina fue un actor importante en el proceso de consulta previa a
la publicación de la ley y cumplió como catalizador entre los diferentes
grupos interesados en la publicación de la Ley Forestal.
Durante el período del presidente Arzú, el Congreso de la República estaba
constituido por una mayoría del partido de gobierno, lo cual le allanó el
camino para la publicación de determinadas leyes que se promovieron
desde el Ejecutivo. Dentro de este marco, se le dieron instrucciones
precisas a la bancada del partido oficialista para que se desarrollara un
trabajo legislativo orientado a la supresión de privilegios fiscales –dentro
de los cuales se encontraban los incentivos fiscales a la reforestación–,
acción que se le encomendó al diputado José Asturias, quien presidía la
Comisión de Ambiente del Congreso, y en la cual se destacó el apoyo
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Universidad Rafael Landívar y Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), Acuerdos
de Paz, 2.ª ed. (Guatemala: URL, 1997), 302.