7
D
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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 3-48, ISSN 2617-037X
programas
11
. Aunque en Guatemala ya existía este tipo de proyectos,
financiados por medio de incentivos fiscales, nunca se les consideró
como tal.
Para Duncan y Wunder
12
, las acciones que se derivan de la ejecución
de proyectos de PSA aportan principalmente a la generación de cuatro
servicios ambientales: secuestro de carbono, protección a la biodiversidad,
mejora del paisaje y protección de cuencas hidrográficas.
En Guatemala existen experiencias sobre esquemas de PSA orientados a
servicios hidrológicos que proveen los bosques, muchos de ellos a nivel
local. Los PSA para la recuperación de la cobertura forestal y el manejo del
bosque natural (sin más arreglos que con el comprador) son los de mayor
extensión, siendo, además, los que cuentan con una legislación específica.
La mayor fortaleza de este esquema han sido los incentivos forestales,
entendiéndose por estos a los «estímulos que otorga el Estado para
promover la reforestación y la creación de bosques y/o manejo sostenible
del bosque natural»
13
, que se traducen en pagos en efectivo que el Estado de
Guatemala otorga a propietarios de terrenos privados de vocación forestal.
A partir de 1997 se instauró el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor),
como un mecanismo de PSA que se convirtió en la principal herramienta
de la Política Forestal de Guatemala para la reposición de áreas sin
cobertura. Desde su implementación hasta el año 2015, se reportó una
inversión de alrededor de Q1824 millones, más de 114 000 ha reforestadas
11
Hartman y Petersen, «El mercado de los servicios ambientales», 65; Jean-François Le Coq et
al., «Payment for Environmental Services Program in Costa Rica: a policy process analysis
perspective». (Ponencia presentada en la 90th Annual Meeting of the Southwestern Social
Science Association, Houston, 31 de marzo al 3 de abril de 2010); Jean-François Le Coq et
al., «The governance of Costa Rica’s programme of payments for environmental services: a
stakeholder’s perspective», en Governing the provision of ecosystem services, ed. por Roldan Muradian y
Laura Rival (Dordrecht: Springer, 2013), 253; Kathleen McAfee y Elizabeth Shapiro, «Payments
for ecosystem services in Mexico: nature, neoliberalism, social movements, and the State»,
Annals of the Association of American Geographers 100, núm. 3 (2010): 579; Ángeles Villavicencio,
«Propuesta metodológica para un sistema de pago por servicios ambientales en el estado de
México», Cuadernos Geográficos 44, núm. 1 (2009): 30, http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/
articulos/044/044-002.pdf
12
Emma Duncan, ed., Payment for environmental services: an equitable approach for reducing poverty and
conserving nature (Gland, Suiza: World Wildlife Fund for Nature, 2006), 5; Wunder, Payment for
environmental services, 2.
13
Artículo 4, Decreto núm. 101-96. Ley Forestal.