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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 179-191, ISSN 2617-037X
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Al iniciar el juicio, se retiraron los trabajadores de Hidro Santa Cruz, que
constituían la acusación particular en el caso de Poza Verde –sus paisanos
de Barillas dijeron que porque la empresa no les pagó el viaje a la capital
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–.
Para entonces, los abogados de esta empresa ya habían «colaborado» con la
fiscalía, con documentos como el «Informe Estructura Criminal. Conflicto
Social Huehuetenango, Mayo 2014», donde aparecían todas las personas
que posteriormente fueron capturadas. La actuación del MP partió de
considerar a las siete personas como instigadoras de los hechos violentos
que, según ellos, se dieron en las tres ocasiones consideradas. Para ello
desfilaron por la sala trabajadores y trabajadoras de diferentes rangos del
CAJ de Santa Eulalia, que en sus testimonios –muchas veces débiles y
contradictorios– describieron unas escenas de violencia y de abuso que la
defensa se encargó de demostrar que no existieron.
En efecto, desde el inicio del juicio, el equipo de abogados defensores
planteó que los detenidos eran autoridades comunitarias y que como
tales habían actuado en los momentos señalados, pero no instigando a
la gente, sino por el contrario, buscando evitar los hechos violentos. Con
sus preguntas y pruebas fueron desarmando una a una las acusaciones y
demostrando que las declaraciones de la mayoría de los testigos del MP no
se ajustaban a la verdad.
Y con ello plantearon que los acusados no habían sido detenidos por los
delitos que les achacaban, sino por la labor que cumplían en relación a la
oposición a empresas como Hidro Santa Cruz. Su captura era un ataque
a las comunidades que luchaban por sus derechos dentro de la legalidad.
Para ello se sirvieron de testimonios diversos –el más esperado y rotundo
el de monseñor Ramazzini– y de los peritajes que se presentan en esta
sección, que desde diversos ángulos dan un marco para comprender el
contexto en que se encuadra la acción contra estas autoridades.
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En 2016, Hidro Santa Cruz anunció que se retiraba de Barillas y cerraba la planta de Cambalam
I. De hecho dejaron de trabajar, pero las instalaciones siguen resguardadas. La transnacional
española Ecoener-Hidralia, de la cual Hidro Santa Cruz era subsidiaria, mantiene otros intereses
en Guatemala.