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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 179-191, ISSN 2617-037X

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En mayo de 2012, en medio de un estado de sitio, se detuvo en Barillas a 
nueve líderes de la resistencia contra la empresa Hidro Santa Cruz, quienes 
estuvieron ocho meses encarcelados hasta que se les liberó por falta de 
mérito, y unos meses más tarde se volvió a detener a dos más de ellos, que 
también acabaron siendo liberados

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.

En mayo de 2013 empezó una segunda ola de represión con la detención 
frustrada de Maynor López, que finalmente fue detenido en septiembre 
de 2014, originándose en ambos casos una movilización en el norte de 
Huehuetenango. Para entonces ya había acusaciones contra Francisco Juan 
Pedro, Sotero Adalberto Villatoro y Arturo Pablo Juan por la retención 
de trabajadores de Hidro Santa Cruz, el 22 de abril de 2013, en el lugar 
conocido como Poza Verde, sitio donde se había instalado un plantón 
pacífico. Se les intentó detener el 23 de enero de 2014 en el Centro de 
Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, pero hubo gente que se 
opuso, y por esos hechos también fueron acusados cuando sí se les detuvo 
el 27 de febrero de 2015. Con ello se abrió una nueva fase persecutoria 
que siguió el 24 de marzo, cuando Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar 
fueron capturados por hechos ocurridos en el CAJ de Santa Eulalia, a raíz 
de la detención y liberación de dos vecinos de Pojom, San Mateo Ixtatán, 
el 19 de enero de ese año. El 3 de junio, Bernardo Ermitaño López Reyes 
fue detenido también por los hechos del 23 de enero del año previo

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.

Así, para mediados de 2015, buena parte de las autoridades comunitarias 
involucradas en la defensa del territorio Q’anjob’al estaban encarceladas, 
a través de una acción penal conducida por la Fiscalía de Derechos 
Humanos, del Ministerio Público (MP); una paradoja que muestra bien el 
funcionamiento de las instancias jurídicas en estos casos. 

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 Además, hubo órdenes de captura contra otros veintitrés activistas y autoridades, lo que 

provocó su huida y después la instalación del miedo en la comunidad. Respecto a estos hechos 

en Barillas hay mucho escrito. Ver Arantxa Guereña y Ricardo Zepeda, El desarrollo que no 

queremos. El conflicto en torno al proyecto hidroeléctrico de Hidralia Energía en Guatemala (Barcelona, 

España: Intermon Oxfam, 2012) y Bastos et al., «Despojo, movilización y represión en Santa 

Cruz Barillas», en Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala, coord. por Manuela Camus, 

Santiago Bastos y Julián López (Guatemala: Flacso/Fundación Constelación, 2015).

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 Asimismo, se capturó al activista Rubén Herrera, en marzo de 2013, y al abogado Q’anjob’al 

Pedro Rubel Toledo, en octubre de 2015. Para más detalles de todos estos hechos, ver los 

peritajes de Santiago Bastos y Ramón Cadena que aparecen en este número de la revista Eutopía.