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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 179-191, ISSN 2617-037X

movilizaciones, desviar las energías de las comunidades y organizaciones, 
y sembrar el miedo y la inseguridad entre los movilizados. Para lograrlo es 
fundamental la participación activa de los operadores de justicia en diversos 
niveles, así como el papel de los medios de comunicación corporativos, que 
crean la imagen de las autoridades y movilizados como esos criminales a 
los que hay que perseguir. 

Prácticamente, todas las comunidades que en esta última década y media 
se han organizado para enfrentarse a las actividades extractivas han debido 
sufrir la criminalización de sus autoridades y líderes. Así ha ocurrido en 
La Puya, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Ixtahuacán, San Pablo, Santa 
Cruz del Quiché, Uspantán y Cobán, Livingston, Jocotán, Santa María 
Xalapán, Cotzal, Monte Olivo, Cahabón, San Rafael Las Flores, Sayaxché, 
El Estor, Samococh, Sierra Lacandona, Laguna Larga y Laguna del Tigre, 
Semuc Champey y Mataquescuintla. El norte de Huehuetenango –Barillas, 
San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia– ha sido un territorio especialmente 
golpeado debido a la resistencia organizada en contra de las hidroeléctricas 
y otras actividades extractivas

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2. Los detenidos y la criminalización en territorio Q’anjob’al

Así, el juicio iniciado el 6 de julio de 2016 suponía la culminación de 
toda una persecución puesta en marcha por empresas y organismos del 
Estado en contra de la movilización comunitaria surgida en el territorio 
Q’anjob’al, al norte de Huehuetenango, en contra de las hidroeléctricas que 
se instalaron a pesar de las consultas de buena fe realizadas entre 2006 y 
2009, y que se oponían a este tipo de proyectos. 

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 La persecución penal en todos estos estos lugares está documentada en la prensa independiente 

–en menor medida en la corporativa–, así como en estudios concretos. Sobre el proceso general 

de despojo, movilización y represión, ver Jorvis Van de Sandt, Conflictos mineros y pueblos indígenas 

en Guatemala (La Haya, Países Bajos: Cordaid, 2009); Elizabeth Rasch, «Transformations in 

Citizenship. Local Resistance against Mining Projects in Huehuetenango (Guatemala)», Journal 

of Developing Societies, núm. 2, vol. 28 (2012): 159-184; Simona Yagenova coord., La industria 

extractiva en Guatemala (Guatemala: Flacso, 2012); Carlos Fredy Ochoa, Alcaldías Indígenas. Diez 

años después de su reconocimiento por el Estado, tomo I (Guatemala: Asies/Organismo Naleb/

Iniciativa Think Tank/Konrad Adenauer Siftung, 2013); Santiago Bastos y Quimy de León, 

Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas (Guatemala: Diakonia, 

2014); Lieselotte Viaene, La hidroeléctrica Xalalá en territorio maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará 

con nuestra tierra y agua sagradas? Un análisis antropológico-jurídico de los derechos humanos amenazados 

(Bélgica: Municipalidad de Herent/Centro de Derechos Humanos, Universidad de Gante, 

2015); y Bastos, «Rearticulación y movilización comunitaria».