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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 179-191, ISSN 2617-037X
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En la mayoría de los casos fueron las autoridades comunitarias quienes
llevaron el peso de estas movilizaciones: en unas fueron las renacidas
Alcaldías Indígenas, reconocidas por el Código Municipal, y en otras, las
autoridades ancestrales que se mantenían activas, incluso en algunas fueron
los recién creados Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocode). Todo ello
formaba parte de la rearticulación de las autoridades comunitarias que se
daba en el país después del conflicto armado y las políticas multiculturales;
en donde retomaban su papel de articuladoras internas e intermediarias
con el Estado; unas funciones que el mismo Código Municipal y la
Constitución de la República, reconocen
5
.
Esta actuación iba en contra de los planes gubernamentales y de los
intereses de las oligarquías renovadas, las empresas transnacionales y los
capitales emergentes; y el Estado puso en marcha estrategias de apoyo a las
empresas. Regresaron los desalojos, las cargas policiales, los estados de sitio,
la militarización y el terror a las comunidades organizadas. Las empresas
pudieron actuar impunemente en su labor de división comunitaria,
cooptación, intimidación, e incluso, muerte a quienes se oponían.
La criminalización por la vía judicial ha sido una de las formas más
utilizadas para lograr la desmovilización comunitaria. Consiste en tratar
como criminales a quienes defienden sus derechos –en este caso el derecho
a la consulta, al territorio, a la vida– abriéndoles causas penales por delitos
que o no han cometido o no se ajustan a los hechos ocurridos
6
. Por el
importante papel jugado por las autoridades comunitarias en la resistencia
comunitaria, han sido especialmente castigadas por esta forma de represión;
pero también ha sido aplicada a líderes de otros tipos y a activistas diversos.
En muchas ocasiones, los casos terminan por falta de pruebas, pero para
entonces la criminalización ha logrado parte de sus objetivos: descabezar las
5
Santiago Bastos, «Rearticulación y movilización comunitaria en la Guatemala neoliberal», en Los
lenguajes de la fragmentación política, ed. por Jorge Uzeta y Eduardo Zárate (Zamora: El Colegio de
Michoacán, 2016).
6
Equipo Nizkor, «Informe sobre criminalización de la protesta en Argentina», 1 de marzo de
2012, http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/protesta.html; Claudia Composto y Lorena
Navarro, comp., «Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes
comunes naturales en América Latina», en Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa
de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina (México, D. F.: Bajo
Tierra Ediciones, 2014).