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Revista Eutopía, año 2, núm. 4, julio-diciembre de 2017, pp. 169-175, ISSN 2617-037X
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trabajadores del altiplano planteaban otras específicas como:
un anticipo considerable del pago, transporte cómodo y seguro,
alimentación suficiente y en buen estado, instalaciones dignas
para vivir mientras duraba el corte, medicamentos y pago en
caso de enfermedad.
Antes de la huelga de 1980, algunos trabajadores de la costa
sur tomaron medidas de hecho en fincas, como el retiro de
maquinaria o la realización de paros de labores; aunque en
algunos casos tuvieron resultados positivos, otros resultaron en
despidos. La verdadera fuerza del CUC se evidenció en febrero
de 1980, cuando lanzó una huelga general que tenía como
demanda central el aumento salarial de Q1.12 a Q5 por tonelada
de caña cortada o por quintal de algodón o café recolectado.
Según varios testimonios recogidos en la investigación, el
promotor inicial de la huelga fue Pablo Bautista, joven campesino
originario de Santa Lucía Cotzumalguapa, quien trabajaba en la
finca Tehuantepec y militaba en el CUC. El llamado de Bautista
a participar en la huelga fue atendido por miles de trabajadores
agrícolas tanto en Santa Lucía Cotzumalguapa –epicentro de la
huelga– como en diversas fincas de la costa donde se llevaron
a cabo paros y concentraciones.
Como documenta el estudio, la patronal –organizada en la
Asociación de Azucareros de Guatemala y la Cámara de
Industria– buscó deslegitimar la huelga, al señalar que estaba
organizada por agentes extraños a los trabajadores, ya fueran
estos extranjeros, comunistas o guerrilleros. Además, calificó
la huelga como un acto ilegal y de manipulación que traería
desempleo y sufrimiento a las familias de los trabajadores.
Por su parte, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, se asumió como intermediario entre
huelguistas y finqueros, pero en realidad apoyó a la patronal.
Esto quedó claro en el papel que cumplió la Policía y el Ejército,
que consistió en reforzar el control en la costa y participar en