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ser los servicios tangibles más evidentes a nivel de las comunidades. Las
organizaciones de la Sociedad Civil y los Gobiernos Locales tienen un rol
importante en el proceso. La gestión descentralizada es indispensable cuando se
trata de relaciones especificas entre los recursos y los agentes locales. Su rol es
garantizar que el interés público prevalezca por encima de los intereses privados,
reconociendo que estos pueden ser también legítimos.
En general, la gestión de los servicios ambientales es fuente de
ingobernabilidad. Las Políticas públicas son el mecanismo del Estado para
encontrar los aliados necesarios y reducir los niveles de conflictividad. Una
política de pago por servicios ambientales, es una política pública de carácter
nacional a nivel de sus principios, orientaciones, objetivos y estrategias
generales. Sin embargo, su aplicación local requerirá de instrumentos
específicos. Estos estarán diseñados en función del servicio de que se trate y de
las relaciones locales entre este y los agentes involucrados.
La Política de pago por servicios ambientales es parte de la institucionalización
del nuevo paradigma del desarrollo sostenible. Esto requiere de la discusión
abierta y amplia del mismo con todos los sectores involucrados de la sociedad. En
el caso del servicio “agua”, este involucra a prácticamente toda la sociedad.
Quizá primero, debiera discutirse una política hídrica nacional, como de hecho
ha ocurrido. Diversos intentos se han realizado al respecto, sin mucho éxito.
Estos concurrentes fracasos, dan pauta a que quizá la vía para arribar a
consensos sea a partir de las experiencias locales que se desarrollen a partir de
la gestión de los recursos hídricos.
Estas experiencias locales pueden avanzar de acuerdo con la información técnica
especifica que se tenga, la voluntad política de los actores locales y la
institucionalización de los procesos exitosos a través de los gobiernos locales, los
entes descentralizados y las ONG´s especializadas con presencia local.