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5.

 

La Intervención Del Estado Y El Desarrollo Sostenible 

 

El Estado mediante transferencias financieras que permitan la recuperación y 
conservación del KN sería el principal promotor del DS. Esto significa mejor 

asignación presupuestaria con estos fines. Arribar a transferencias de este orden 
supone, contar con una política donde los distintos sectores apoyan estas 

medidas. Si bien es cierto que las decisiones son de orden político, estas parten 
de propuestas técnicas muy bien sustentadas. Así por ejemplo, una decisión de 

mejorar la asignación presupuestaria a las actividades de conservación in situ 

(Áreas Protegidas), tendría su basamento técnico en un estudio de valoración de 
los bienes y servicios ambientales que estos esquemas generan en beneficio de la 
población y de los propios contribuyentes. 

 

Un estudio realizado en 1999 y publicado en el año 2000, por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP)

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, cuyo propósito fue generar una primera 

aproximación del valor económico producido por el Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas, muestra que este valor para el año 1998 ascendió 
aproximadamente a dos mil millones de quetzales. Los rubros contabilizados 
incluyeron: bienes maderables y no maderables, producción agropecuaria, 
turismo, regulación de caudales, protección del suelo, sumideros de carbono, 
entre los más importantes.  
 
Las prioridades de asignación presupuestaria se definen en función de 
información estratégica disponible y de presiones de los grupos de interés.  
De acuerdo con el estudio citado, el SIGAP genera Q 2,018.6 millones por año, 
en términos de los bienes y servicios considerados en la estimación. Dicha 
cifra representó, alrededor del diez por ciento del presupuesto general del 
gobierno para el año 2000 y una proporción cercana al 1.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto del país en 1998, año base para realizar las 
estimaciones de valoración.   
 
Este tipo de información que muestran la importancia que el sector de 
conservación posee, sirve de base para diseñar políticas y estrategias que 
permitan su consolidación y fortalecimiento, así como el diseño e 
implementación de instrumentos que permitan la internalización de los 
beneficios (externalidades positivas) generados.   
 
El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), de la Ley Forestal (Decreto 
Legislativo 101-96), incluye entre sus justificaciones el reconocimiento de la 
generación de servicios ambientales propios de la actividad forestal, en tierras 
con esa vocación. La intervención del Estado se plantea a partir de transferencias 
financieras directas que el gobierno realiza a través del Ministerio de Finanzas, 
luego de la certificación del proceso de campo por parte del Instituto Nacional 

                                                 

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  Ortiz,  Ariel.  2000.  Estudio de valoración económica del SIGAP. CONAP, Guatemala.