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Cátedra de Coyuntura Internacional
La poca información acerca del curso de estas
actividades y sus posibles efectos, genera tensión e
incrementa la desconfianza sobre los fines y reales alcances
de estas iniciativas económicas. La presencia de técnicos de
las instituciones y la realización de estudios en el terreno,
sin que medie previa consulta o un aviso a las comunidades,
ha desencadenado, en algunos casos, hechos de violencia.
Esto implica que los espacios de consulta y diálogo local son
débiles o inexistentes.
La demanda de reconocimiento por el Estado, a
estas consultas, es uno de los principales reclamos de
las comunidades indígenas respectivas. A nivel local,
la presencia de las empresas refuerza esta falta de
reconocimiento estatal, pues estimula la fractura social de
quienes apoyan a la empresa –por los limitados beneficios
ofrecidos o entregados– frente a quienes se oponen,
mediante la consulta, a los proyectos. Ello incluso cuando
las autoridades locales, como ocurrió en San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango, optan por respetar los resultados de la
respectiva Consulta de Buena Fe. En ese caso, el alcalde
enfrenta un antejuicio interpuesto por aquellos comunitarios
que apoyan el proyecto del Pajom II, pues se le acusa de
estar en contra de la empresa y del desarrollo local.
En ese municipio, al igual que ocurrió en Jocotán, la
tensión entre comunidad y proyecto se tornó violenta. Hay
20 órdenes de captura en el municipio contra personas
que se oponen a la hidroeléctrica. Sólo en Pojom, hay
siete órdenes de captura contra dirigentes comunitarios,
a quienes se intenta vincular con por los incidentes del
5 de mayo 2014, cuando se incendió la maquinaria de la
Hidroeléctrica San Luis. Según el alcalde, las personas que
se expresan a favor de la empresa ni siquiera viven cerca
del río.
El Estado es visto por algunas comunidades, las
organizaciones campesinas y ambientalistas, como un