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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La exclusión de las comunidades, por otra parte, limita
la difusión del conocimiento de estas sobre su territorio
y bloquea la consideración de sus saberes, demandas y
propuestas ante del Estado y las empresas. Esta exclusión,
reñida con el débil marco jurídico nacional vigente, impide
el diálogo entre los propios comunitarios –a favor o en
contra– y entre éstos, el Estado y las empresas.
Se genera entonces desigual e incompleta información
respecto de lo que cada comunidad comprende, desde sus
propias visiones y códigos culturales, sobre los impactos
del extractivismo en el ambiente o en el modo de vida
comunitario. Esta situación crea un clima de mucha
desconfianza y altos niveles de confrontación Estado-
comunidad-empresas. Pero también se encuentra en la
base del desconocimiento, de amplios sectores sociales
extracomunitarios, sobre la génesis y causalidades múltiples
de la llamada conflictividad socioambiental.
Por el contrario, ahí donde se fortalece la representación
y participación comunitaria y el diálogo con las autoridades
locales se evidencia un moderado índice de confrontación.
Tal es el caso, por ejemplo, de las comunidades Sumalito,
Trapichitos, Xeucalvitz en Neb’aj, Ilom y Sotzil en Chajul,
Quiché, y Santa Eulalia en Huehuetenango.
Como lo reflejan las encuestas revisadas, tanto las
empresas como algunas municipalidades se apoyaron en
la estructura de los Consejos Comunitarios de Desarrollo
(Cocodes) para aceptar los proyectos. Las entrevistas de
algunos miembros de Cocodes en el Municipio de Chajul,
por ejemplo, revelan contradicciones y temores, a pesar
del discurso de conformidad con la instalación y con los
posibles beneficios. Hay, en el caso de Chajul, un convenio
entre la empresa hidroeléctrica y la municipalidad que
no fue consultado a las comunidades y sobre el cual se
tomaron decisiones que afectaron a las propiedades de
los comunitarios.