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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

La exclusión de las comunidades, por otra parte, limita 

la difusión del conocimiento de estas sobre su territorio 

y bloquea la consideración de sus saberes, demandas y 

propuestas ante del Estado y las empresas. Esta exclusión, 

reñida con el débil marco jurídico nacional vigente, impide 

el diálogo entre los propios comunitarios –a favor o en 

contra– y entre éstos, el Estado y las empresas. 

Se genera entonces desigual e incompleta información 

respecto de lo que cada comunidad comprende, desde sus 

propias visiones y códigos culturales, sobre los impactos 

del extractivismo en el ambiente o en el modo de vida 

comunitario. Esta situación crea un clima de mucha 

desconfianza y altos niveles de confrontación Estado-

comunidad-empresas. Pero también se encuentra en la 

base del desconocimiento, de amplios sectores sociales 

extracomunitarios, sobre la génesis y causalidades múltiples 

de la llamada conflictividad socioambiental. 

Por el contrario, ahí donde se fortalece la representación 

y participación comunitaria y el diálogo con las autoridades 

locales se evidencia un moderado índice de confrontación. 

Tal es el caso, por ejemplo, de las comunidades Sumalito, 

Trapichitos, Xeucalvitz en Neb’aj, Ilom y Sotzil en Chajul, 

Quiché, y Santa Eulalia en Huehuetenango. 

Como lo reflejan las encuestas revisadas, tanto las 

empresas como algunas municipalidades se apoyaron en 

la estructura de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 

(Cocodes) para aceptar los proyectos. Las entrevistas de 

algunos miembros de Cocodes en el Municipio de Chajul, 

por ejemplo, revelan contradicciones y temores, a pesar 

del discurso de conformidad con la instalación y con los 

posibles beneficios. Hay, en el caso de Chajul, un convenio 

entre la empresa hidroeléctrica y la municipalidad que 

no fue consultado a las comunidades y sobre el cual se 

tomaron decisiones que afectaron a las propiedades de  

los comunitarios.