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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
o las excavaciones que tanto proyectos mineros como
hidroeléctricos realizan.
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Dichos temores tienen su base
en la histórica desatención pública a la población ante
distintos eventos naturales, como en la desprotección de
sus derechos ante la actividad empresarial.
La confluencia de tres capas tectónicas, una cadena
volcánica (con cuatro volcanes activos) y la susceptibilidad
a los fenómenos atmosféricos (como el de la Niña y el Niño)
por su colindancia con dos océanos (UNISDR, 2013) son,
entre otros, elementos que ubican a Guatemala como uno
de los países más vulnerables ambientalmente. Las posibles
alteraciones relacionadas con obras de infraestructura,
necesarias para distintas industrias extractivas, constituyen
impactos reñidos con la normativa específica de los pueblos
indígenas y su relación con el medio natural,
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pues vulneran
su medio tradicional de existencia (Castro, Sánchez, Paau,
ActionAid, Congcoop y Pastoral de la Tierra, 2015, p. 33).
Un ejemplo ilustrativo de estos procedimientos es la
construcción de túneles, a 50 metros de profundidad y el paso
de estos por las propiedades de los comunitarios en Chajul,
Quiché. En la base de estas prácticas empresariales está la
cuestionada propiedad del Estado sobre el subsuelo que, en
tanto tal, favorece o privilegia su explotación a espaldas de
las comunidades. Los temores sobre posibles afectaciones
causadas por dichas obras no han sido desvanecidos por
ninguna acción pertinente de las autoridades ambientales.
Algunas comunidades, afectadas por la construcción
de respiraderos de túneles que atraviesan sus propiedades,
no han sido resarcidas a la fecha –de forma tangible–.
La falta de información pertinente sobre las obras, sus
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Esta información coincide plenamente con el Mapa de susceptibilidad a
deslizamientos de Conred, disponible en: https://www.conred.gob.gt/www/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=119&Itemid=1118
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Artículos: 13.1, 15.1 y 15.2 del Convenio 169.