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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
En los proyectos Vega I, Vega II e Hidro Delta en
los municipios de Neb’aj y Chajul, Quiché, se compraron
terrenos a los posesionarios, mediante terceros y sin explicar
el uso que se daría a los mismos. En Neb’aj, durante el
gobierno municipal anterior al actual (2001–2015), se
autorizó desmembraciones de la propiedad municipal, a
favor de la empresa. Durante el período edil 2011-2015, no
han sido autorizadas más desmembraciones (Cobo, 2015).
Tales prácticas individuales, estimuladas por las dinámicas
de implantación de proyectos ajenos a las comunidades
indígenas, constituyen un irrespeto a las modalidades
tradicionales de transmisión de los derechos sobre la tierra.
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La desapropiación y desposesión de la tierra, por la venta
directa a personas ajenas a la comunidad, vía desmembración
de los ejidos municipales, impide a los mismos comunitarios
que lo hicieron, el derecho de participación en decisiones
que puedan afectar a la colectividad tanto en el presente
como en el futuro.
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La percepción de algunos comunitarios
es que, al haber vendido sus tierras, vendieron el futuro,
en lugar de velar por él, pues se desconoce los impactos
finales de los proyectos extractivos de la que podemos
llamar matriz extractiva minero-energética,
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por una parte,
y la matriz extractiva agroexportadora por la otra. Este es
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Artículo 17.1, Convenio 169 de la OIT.
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Artículo 17.2 del Convenio 169, artículo 32.1 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y los artículos 39, 44,
66, 67 y 118 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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El mapeo de conflictos socioambientales realizado por Intrapaz (2014 -
2015) refiere, entre otros, los siguientes casos: Mina Marlín, San Rafael III y
Mina Los Chocoyos en San Marcos y Huehuetenango; Mina El Escobal en San
Rafael las Flores, Santa Rosa; San Juan Bosco en Jalapa; Mina Cerro Blanco
y Mina Asunción en Jutiapa. Ver Normanns, G. y Morales, B. (2016). Nuestro
futuro: Conflictos y naturaleza, Guatemala: ISE-URL (pp. 37-55 y 67-80).
Casos particularmente polémicos han sido la mina Progreso Derivada VII,
en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a escasos 30
kilómetros de la ciudad capital; Proyecto minero Fénix en el municipio de El
Estor, Izabal. También se refiere a los proyectos hidroeléctricos Pojom II,
en Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango o los ya referidos en
Neb’aj y Chajul en el Quiché, en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz y en
el municipio de Jocotán, Chiquimula.