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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
comunitaria que caracterizó la guerra contrainsurgente en
el país. Además de las posibles afectaciones económicas y
políticas derivadas, la desapropiación constituye la alteración
de un referente simbólico indivisible e inajenable pues,
como afirma Tzunux (2005), «ninguno de los elementos que
componen el sistema taxonómico maya, pueden concebirse
de manera independiente» (p. 24).
La Constitución Política de la República de Guatemala
(1985) reconoce que «las tierras que históricamente les
pertenecen [a los pueblos indígenas] y que tradicionalmente
han administrado en forma especial, mantendrán ese
sistema» (artículo 67). La realidad cotidiana en las
áreas donde se implantan proyectos extractivos es otra.
La falta de reconocimiento de la jurisdicción propia de
las autoridades indígenas en lo relativo a la posesión,
propiedad y utilización, esencialmente colectiva de la tierra,
pone en riesgo la sobrevivencia económica de numerosas
comunidades indígenas. Están en riesgo la protección y
reproducción de su propia cultura y del patrimonio cultural,
cuyo papel es central, en la organización del territorio.
12
En el caso de Chajul –del occidental departamento
de Quiché–, por ejemplo, el proyecto Hidro Xacbal Delta
se desarrolla con el consentimiento del alcalde de turno
y su corporación municipal. Sin embargo, esta situación
confronta la oposición de vecinos y de autoridades
tradicionales y municipales de Neb’aj, así como de algunos
vecinos y autoridades tradicionales del propio municipio de
Chajul; particularmente, en lo relativo a los procesos de
compraventa de tierras, consideradas parte del territorio ixil.
12
Véase por ejemplo Derechos colectivos indígenas sobre la tierra y su proceso
de adquisición «legal-ilegal» –El caso de la mina Marlin en San Miguel
Ixtahuacán y Sipacapa. En J. van de. Sandt, (ed.) (2009). Conflictos Mineros
y Pueblos Indígenas en Guatemala [Informe de consultoría]. Rotterdam, The
Netherlands: Cordaid/University of Amterdam, (pp. 83-97).