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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
agrícolas en Guatemala se ha producido, muchas veces
mediante el desalojo violento, la coacción económica o la
intimidación, con severas consecuencias sociales, culturales
y políticas.
En la actualidad, aún con los avances jurídico-legales
nacionales e internacionales respecto de los derechos de
los pueblos indígenas; la práctica del capital del Estado
guatemaltecos denota una continuidad, por viejas y nuevas
vías, de su tendencia histórica. Esto es lo señalado por
Willemsen respecto de mantener una discursividad de
derecho, contradictoria e insuficientemente desarrollada, a
la par de una política formal de reconocimiento; mientras
se incurre en la trasgresión u obviedad de la propia norma.
Tal es el caso de lo consignado en los distintos reglamentos
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sin referencia
a las tierras de comunidades o pueblos indígenas, en clara
contradicción con los artículos 46, 66, 67 y 68 constitucionales.
La obviedad señalada constituye en la práctica, una falta de
reconocimiento de los pueblos indígenas:
La dimensión colectiva del derecho de los pueblos
indígenas a sus tierras y recursos está ausente de las
políticas públicas [del Gobierno de Guatemala] y de la
práctica en cuanto a la aprobación de proyectos extractivos
y de otro tipo de proyectos (Anaya, 2010, p. 16).
De esta forma, el extractivismo provoca la
«desterritorialización» de los pueblos indígenas. El mapeo
de los conflictos socioambientales realizado por un equipo de
investigación que coordiné durante 2013-2015 en las cuencas
altas de ríos Cuilco, Naranjo, Ostúa-lago Güija, Nahualate,
Madre Vieja-lago Atitlán, Grande,
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así como el seguimiento
en las cuencas de los ríos Pojom, Xacb’al, el Icbolay-
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Normanns, G. y Morales, B. (2016). Nuestro futuro: Conflictos y naturaleza.
Guatemala: Cara Parens, Instituto de Investigación y sobre el Estado (ISE)
de la Universidad Rafael Landívar (URL).