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Cátedra de Coyuntura Internacional
dólares solicitados en 2017 a 185 millones en 2018, y en 33
millones a 13 millones. En total, las reducciones alcanzarían
el 50.1 % del presupuesto solicitado para 2018, lo que
demuestra el cambio de rumbo de la administración Trump
en esta materia.
3. Reacciones nacionales e intereses particulares en
un momento complejo
Esa disparidad de criterios ha llevado, durante estos
primeros meses de la administración Trump, a la utilización
de estrategias diversificadas en Centroamérica, que
pretenden conocer y enfrentar las posibles variantes en la
política exterior estadounidense. De tal forma, las posibles
transformaciones para abordar la agenda regional por parte
de los Estados Unidos fueron percibidas de formas distintas
por los sectores interesados de cada país.
Como puede observarse en el cuadro 1; Guatemala,
El Salvador y Honduras han seguido una estrategia similar,
no necesariamente por escogencia propia, sino por la visión
que los Estados Unidos han establecido de estos, lo cual
resultó evidente con las visitas del fiscal general Sessions y
el secretario de Seguridad Interior John Kelly a El Salvador
y Guatemala, respectivamente. De tal manera, la prioridad
parece concentrarse en mantener la estabilidad de las
diásporas de dichos países en los Estados Unidos, así como
mantener los flujos de cooperación para seguridad.
Nicaragua afrontó el reto a partir de los problemas
propios para su seguridad nacional, ante la posibilidad
de tener un gobierno menos tolerante a las posturas y el
discurso de política exterior ligado a Cuba y Venezuela. Así,
aunque no parece existir una línea política específica de la
administración Trump respecto al gobierno nicaragüense, la
eliminación completa de la cooperación del Departamento de
Estado puede ser indicio de futuras controversias. Un punto
de inflexión se presentará en los próximos meses, dada la
probable aprobación del Congreso estadounidense de la
Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017 (conocida
como Nica Act), la cual obligaría al Poder Ejecutivo a oponerse
a solicitudes de préstamos de organismos internacionales a