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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de que la renegociación del tratado iniciaría por el TLCAN,
mitigó las preocupaciones existentes, dado el tiempo que
este proceso pudiese tomar. Por último, durante la visita del
presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, a los Estados
Unidos en marzo de 2017, el vicepresidente Pence señaló la
estabilidad del tratado de libre comercio vigente.
b. El abordaje de los flujos migratorios y el tratamien-
to de las pandillas
Los flujos migratorios constituyen un elemento
fundamental para Centroamérica, según el estudio de
Rosemblunt & Ruiz-Soto (2015, pp. 4-5), se calcula que
los centroamericanos constituyen el 8 % del total de
migrantes en los Estados Unidos (casi dos millones y medio
de personas), pero constituyen el 15 % de la población
inmigrante ilegal. Entre el 2000 y 2014 el número de
migrantes centroamericanos ilegales en los Estados Unidos
(especialmente guatemaltecos, salvadoreños y hondureños),
pasó de 546 mil personas a 1 600 000 personas, es decir
se produjo un crecimiento cercano al 195 %. Las remesas
de estos migrantes se traducen en un importante ingreso
para sus respectivos países, pues representan unos 16 471
millones de dólares, incluso, en los últimos cinco años se ha
tenido un crecimiento cercano al 6 % anual. En el año 2015
se tuvo un aumento de 6.6 %, similar al promedio de los
últimos cinco años (Cemla, 2016, pp. 3-4).
El manejo de los flujos migratorios ha sido un
tema fundamental en la política exterior de los países
centroamericanos, especialmente, en el triángulo norte de
Centroamérica; lo mismo para los Estados Unidos que lo
ha convertido en un tema de seguridad nacional, oscilando
su política entre la mayor represión y la distensión a los
migrantes ilegales en ese país (Méndez-Coto, 2016). En este
sentido, la administración Obama, al tiempo que discutía
una reforma migratoria favorable a los centroamericanos
ilegales en Estados Unidos, estableció controles más
agresivos en fronteras e invirtió una gran cantidad de
dinero que permitió aumentar sistemáticamente el número
de deportados y rechazados entre 2008 y 2012, momento
a partir del cual se produce una reducción de dicho número
(U. S. Inmigration and Customs Enforcement, 2017a).