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Cátedra de Coyuntura Internacional
causa judía (aunque no tanto como los sionistas pretendían)
y al mismo tiempo deseaban hacer justicia a los árabes. Una
Conferencia de la Mesa Redonda fue convocada en Londres
(septiembre de 1946), a la que asistieron británicos y
representantes de la Liga Árabe, pero ni judíos ni palestinos.
Los árabes lanzaron un ultimátum exigiendo la independencia,
tras elecciones libres, para el final de ese mismo año, lo que
fue contestado pocos meses después por los líderes de la
Agencia Judía con la exigencia de un Estado judío en toda
Palestina. Abierta por los británicos una nueva Conferencia de
Londres, en enero de 1947, y ante el enésimo rechazo de las
partes a la propuesta de un Estado federado de dos provincias,
árabe y judía, y una administración directa británica de los
Santos Lugares, el gobierno de Su Majestad decidió llevar el
asunto ante el Consejo de Tutela de las Naciones Unidas, que
ya había sustituido a la poco exitosa Sociedad de Naciones.
La Asamblea General nombró en abril una Comisión Especial
para Palestina (UNSCOP, por sus siglas en inglés) constituida
por representantes de once Estados
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que, tras sus trabajos in
situ, presentó en agosto dos alternativas: un Estado federado
con una provincia árabe y otra judía y (la opción mayoritaria)
dos Estados independientes y «económicamente unidos». Y
así se llegó el 29 de noviembre de 1947 al voto por la Asamblea
General de Naciones Unidas (Resolución 181) de la partición
de Palestina en dos Estados separados, según una propuesta
«profundamente inicua» (Campanini, 2014, p. 113), ya que
otorgaba el 56.47 % del territorio a los 600 000 judíos ya
instalados y el 42.88 % a los 1 200 000 árabes existentes
(con el restante 0.65 % para la Jerusalén internacionalizada).
La votación arrojó el resultado de 33 Estados a favor, 13 en
contra y 10 se abstuvieron, con los Estados Unidos y la URSS
(que se mostraba muy adicta a la causa sionista) votando a
favor. La oposición de los árabes fue tajante e indignada, y
la Liga Árabe, que declaró la resolución «nula e inexistente»,
hizo saber que tomaría todas las medidas necesarias para
impedir que se aplicase.
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Aunque de esos once, ocho de los representantes eran projudíos, las crónicas
recuerdan a dos de ellos, activamente prosionistas: Fábregas, de Uruguay, y
García Granados, de Guatemala, del que se dijo que actuó «con una pasión
digna de un miembro de la Agencia Judía» (ibid, p. 192).