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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
aceptó postergar una gran movilización planeada para
el 3 de noviembre para contribuir al mejor desarrollo de
las conversaciones. En efecto, el enviado advirtió a los
dirigentes de la MUD que «podría haber muertos» en la
manifestación, lo cual perjudicaría al diálogo (Piqué, 2016).
Esta decisión fue percibida por muchos de los
seguidores de la MUD como una muestra de cobardía o, en
el mejor de los casos, un grave error político. Los intentos
de justificación racional de la decisión se encontraron
frente a una explosión de frustraciones y desconfianza
que había sido contenida mientras existía la esperanza
de cambio por medio del revocatorio. Esta percepción
se acentuó cuando la información sobre el diálogo fue
hábilmente manipulada para dar la impresión de que la
MUD había aceptado los principales puntos de vista del
Gobierno, y cuando este desconoció en la práctica los
compromisos que había adquirido frente a los mediadores
y la oposición.
La frustración del diálogo inclinó otra vez el
péndulo hacia las posiciones más radicales. Se anunció
que la primera iniciativa del nuevo período de la Asamblea
inicial, a realizarse en enero de 2017, sería declarar la
responsabilidad política del presidente en la crisis del
país. Esta declaración, en efecto se hizo, pero sabiendo
que sus efectos son meramente simbólicos, ya que no
tiene valor práctico sin el aval de los poderes «moral» y
judicial, que obviamente ignoraron la iniciativa.
Se pasó entonces a otra acción aparentemente más
radical pero igualmente ineficaz: la Asamblea declaró el
«abandono del cargo» por el presidente Maduro, basándose
en que su gestión se había apartado del cumplimiento
de la Constitución, por lo cual no lo ejercía según estaba
estipulado. Esta curiosa torsión de los conceptos para
que el ejercicio del poder se convirtiera en su abandono
fue reivindicada por los sectores más radicales, según los
cuales la declaración significaba que Maduro ya no era