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Cátedra de Coyuntura Internacional
desincorporado a los tres diputados opositores suspendidos
por la sentencia de diciembre. Ello permitió justificar que el
decreto y las prórrogas que ha venido solicitando Maduro
hayan sido aprobadas por el Tribunal y no por la Asamblea
en una evidente violación del principio constitucional.
Esta decisión, Decreto de Emergencia Económica (2016),
permitió al presidente actuar sin ningún tipo de control ni
rendición de cuentas, más que a los sumisos magistrados
que invariablemente apoyaban todas sus peticiones.
Aunque la fracción opositora de la Asamblea, en un
gesto de conciliación, aceptó desincorporar temporalmente
a los diputados cuestionados, la Sala Constitucional
creó nuevas excusas para ratificar el supuesto desacato,
llegando al extremo de invalidar no solo decisiones previas
de la Asamblea, sino las que todavía no había tomado.
La Asamblea siguió discutiendo y aprobando leyes que
invariablemente eran declaradas inconstitucionales: de las
trece leyes sancionadas en 2016, 11 fueron anuladas, una
se condicionó a la existencia de recursos presupuestarios y
solamente una no fue objetada (idem, 2016).
En cuanto a las facultades de investigación, después
de unas pocas comparecencias de altos funcionarios, la
orden oficial fue no acatar ninguna convocatoria emanada
de las comisiones investigadoras de la Asamblea.
Una esperanza frustrada: el referéndum revocatorio
Paralelamente al intento de la Asamblea Nacional
de ejercer sus funciones, la oposición debatía cuál debía
ser la estrategia para el cambio de régimen. En efecto,
bajo la presión de los partidos más radicales, en la
campaña electoral de 2015 se había ofrecido, en forma
algo ambigua, que la mayoría obtenida sería utilizada
para, en términos simplificados, «sacar a Maduro». A
pesar de la extrema dificultad de cumplir esa oferta, dado
el control del chavismo sobre el estamento militar y todos
los demás poderes, se plantearon algunos caminos, la
mayoría fantasiosos, para lograrla.