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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La respuesta oficialista no se hizo esperar. Antes de
la instalación de la nueva Asamblea, la saliente designó en
forma inconstitucional e ilegal nuevos magistrados para el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y en especial para la
Sala Constitucional, la más importante (Hernández, 2015).
Con ello se garantizaba el bloqueo de cualquier acto de
la Asamblea que pudiera afectar los intereses del Poder
Ejecutivo. Y las primeras decisiones de esa sala, producidas
a fines de diciembre, consistieron en aceptar una solicitud
de suspensión del mandato de cuatro diputados (de los
cuales tres eran de oposición) basada en un supuesto fraude
electoral en el Estado Amazonas. Con esta maniobra se
arrebató, aún antes de comenzar a funcionar la Asamblea,
la mayoría calificada a la oposición. Este no sería sino el
comienzo de un largo conflicto que ocuparía todo el 2016.
Basándose en su claro mandato surgido de una
victoria electoral innegable, la Asamblea se propuso, por
una parte, legislar en temas sociales como las pensiones,
la salud y la vivienda, y por la otra, ejercer plenamente
sus facultades de investigación para sacar a la luz los
innumerables casos de corrupción denunciados y archivados
por la anterior mayoría parlamentaria.
Sin embargo, ya desde el inicio se manifestó
la intención oficialista de revertir y anular el resultado
electoral: los nuevos diputados fueron agredidos por bandas
oficialistas para perturbar sus reuniones y actividades; se
desmanteló la televisora del parlamento para evitar que se
difundieran los debates, y comenzaron a producirse cortes
de servicios como la electricidad en la sede de la Asamblea.
Pero el eje central de la ofensiva gubernamental fue
la proclamación de un decreto de emergencia que debía
permitir al presidente Maduro llevar a cabo una serie de
medidas económicas y políticas sin necesidad de basarse
en leyes ni en consultas a la Asamblea; de hecho, la única
consulta requerida por la Constitución era la aprobación del
decreto mismo por la Asamblea. Dado que ella, al conocerlo,
decidió no aprobarlo, el Tribunal Supremo declaró que
la Asamblea se encontraba en «desacato» por no haber