94
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
los medios masivos, que ya se venía aplicando, por medio
del cierre de televisoras (Radio Caracas TV) y de numerosas
estaciones de radio; asimismo, según Bisbal (2014), algunos
medios sufrieron tanto acoso legal, tributario y hasta de
violencia física que sus dueños terminaron aceptando
venderlos a testaferros del régimen (Globovisión, El
Universal, Cadena Capriles).
Para 2011, el socialismo del siglo XXI parecía no
encontrar obstáculos en su camino. El control férreo del
poder ejecutivo, y concretamente del presidente Chávez
sobre todas las ramas del poder público, la ilusión de
una abundancia sin fin que permitía hacer de todo en
todos los campos sin establecer prioridades y el apoyo
popular significativo con que todavía contaba su figura
y su partido, permitieron reforzar los mecanismos
de control sobre la sociedad en forma de leyes que
limitaban las actividades de las empresas, de los medios
de comunicación y de la sociedad civil, acompañadas
de formas de coerción aplicadas por los organismos
policiales y militares o por bandas armadas dedicadas a
agredir a los opositores que protestaran o se movilizaran
por reivindicaciones sociales o políticas.
El proyecto dirigido al control total de la sociedad por
la tríada caudillo-partido-Estado mostraba considerables
avances. Ya en 2003 y 2004 se había logrado la conquista
de los poderes electoral y judicial para el oficialismo, y
ese control fue ratificado por la Asamblea Nacional, sin
presencia opositora, a partir de 2005. Los dos componentes
del «poder moral», la Fiscalía General y la Contraloría,
fueron igualmente cooptados, lo que garantizó la coherencia
completa de las instituciones del Estado con la estrategia de
concentración de poder. Entre otros mecanismos, se recurrió
a la judicialización de la política (Corrales, 2015), lo que ha
permitido dar una apariencia de legalidad a la persecución de
líderes opositores: frecuentemente señalados de corrupción
por la Contraloría, que puede inhabilitarlos para el ejercicio
de funciones públicas; acusados de subversión por la Fiscalía
y juzgados por un poder judicial totalmente identificado