Alejandra Gutiérrez Valdizán /

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supone que hay funcionarios de Gobierno relacionados con las redes”. 
Una fuente que pertenece a una organización civil pro justicia afirma: 
“Se conoce con nombre y apellidos quiénes están detrás”, pero no se 
atreve a dar nombres, aunque asegura conocerlos.

Al cuestionar a Alexander Colop, de la Fiscalía, sobre la posibili-
dad de la participación de funcionarios en el negocio, dice no tener 
ningún caso. Sólo recuerda un proceso en que se rumoraba que el 
propietario de un prostíbulo había sido comisario de la policía, pero 
no se comprobó. Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación durante 
el gobierno de Álvaro Colom (2010-2012), afirma que es muy compli-
cado llegar a los verdaderos propietarios de las redes, pues el sistema 
protege por medio de sociedades anónimas y testaferros.

Para tener una versión oficial de los actuales encargados de la seguridad 
y prevención del Gobierno, se solicitó una entrevista con el ministro de 
Gobernación, Mauricio López Bonilla, pero ésta no fue concedida.

Lo que deducen quienes trabajan en contra de la trata es que los niveles 
de impunidad con que han funcionado los negocios, los controles migra-
torios laxos, los allanamientos en locales en donde sólo se alcanza a los 
“cuidadores” y no a los propietarios,  podrían tener varias explicaciones: 
la capacidad –técnica, profesional y financiera- del sistema de prevención 
y justicia no se da abasto; las autoridades no reconocen las dimensiones 
del delito. O, peor aún, las redes están blindadas por poderes económicos 
y políticos que superan sus esfuerzos. Pero además de las autoridades, 
hay un constante señalado como principal responsable de los grandes 
negocios de la trata y la explotación sexual: el narcotráfico.