Alejandra Gutiérrez Valdizán /

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que dice, y cuesta relacionarlo con redes o con el delito. Pero este 
individuo es uno de los nudos de micro redes del crimen. Primero, 
en Guatemala está penada la explotación sexual –incluido el prox-
enetismo-. Segundo, a partir de locales como éste se ha ido tejiendo 
una red de captación de mujeres que son enganchadas y retenidas 
–por fuerza o por la necesidad de ellas- para beneficio de terceros.

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional, también llamada la Convención de Palermo define que 
como ““grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de 
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concerta-
damente con el propósito de cometer uno o más delitos…”.  En negocios 
repartidos por la ciudad capital y en zonas urbanas de toda Guatemala, 
se replica el sistema: captadores que buscan a las mujeres en poblaciones 
pequeñas –utilizan engaños, en algunos casos pagan por ellas a sus famili-
ares y en otros, poco documentados, las llevan por la fuerza-; los encarga-
dos del transporte, en donde se pierde el hilo con el primer captador, hasta 
llevarlas a estos locales en donde viven en precarias condiciones, en donde 
se encuentran con los “cuidadores”, casi siempre mujeres que se encar-
gan de la administración. En otros casos el sistema es más expedito, las 
mismas mujeres se acercan a los locales, provenientes de las zonas rurales, 
empujadas por la necesidad; luego es probable que ellas mismas hagan de 
captadoras con las vecinas de sus poblados.

Días después de la visita a la cantina sin nombre se investigó si el supues-
to propietario trabajaba en la entidad estatal que él afirmaba. Hay tres 
homónimos en los departamentos de la Presidencia. Sin embargo, las po-
sibilidades de que el dueño de un solapado burdel sea el mismo que el de 
un funcionario público son altas. Uno de los nombres encaja con su lugar 
de procedencia. La empresa de seguridad privada no aparece registrada, 
pero eso no implica que no exista, hay 300 compañías de seguridad fun-
cionando sin licencia del Estado.