MICHELLE MOLINA M.
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REVISTA ACADÉMICA ECO (16) : 25-47, ENERO / JUNIO 2017
en desventaja política permanente y, con la proporción de incentivos para la
organización, los programas gubernamentales pueden mitigar parcialmente estas
desventajas.
El Instituto Nacional de Estadística -INE- (2015) intenta establecer las relaciones
entre calidad de vida y pobreza. Aunque no señala a la pobreza como causante,
supone una reducción dramática en la participación. Desde el 2000, con 30 % de
la población (mayor a siete años de edad) participando activamente en alguna
organización, pasó a menos del 5 % en 2014. Esta participación es mayor en
hombres, aunque en ambos sufrió un descenso.
Son más propensos a estas actividades la población adulta, quienes están en los
quintiles más altos y los que tienen mayores niveles de educación (superior con 10.1
%, contra el del 4.4, 5.1 y 4.7 % de la población con estudios primarios, secundarios,
y sin ningún nivel educativo respectivamente). Al desglosar, según nivel de
pobreza, se evidencia una relación negativa entre ambas variables, mientras que la
participación organizativa de la población no pobre es mayor al promedio nacional
(INE, 2015). Empero, llama la atención, al considerar el porcentaje de participación
a nivel departamental, que de los ocho departamentos con mayor participación,
todos tienen un nivel de pobreza general mayor al 55 % exceptuando a la capital
que tiene un 33 %.
• Rol de la información y rendición de cuentas en desempeño del Estado y
participación ciudadana
Idóneamente, los mecanismos de rendición de cuentas adecuados, deben
hacer que solo el hecho de la amenaza de posibles castigos, ya sea vía voto o de
formas alternativas como manifestaciones, sea incentivo suficiente para que los
políticos mejoren su desempeño. A su vez, esto haría que los reclamos efectivos
de la ciudadanía fueran cada vez menos frecuentes. Considerando los costos de
la participación ciudadana, este escenario donde el mecanismo de amenaza
ciudadana funciona efectivamente, es la mejor alternativa (CAF, 2014).
Sin embargo, tal como demuestra el resultado del juego, suelen encontrarse
obstáculos en el proceso descrito con anterioridad. Pese a 22 compromisos
ratificados por el Estado de Guatemala en el marco del gobierno abierto, que
persiguen objetivos de acceso a la información pública, participación ciudadana,
rendición de cuentas, innovación y transparencia fiscal; no parece que se traduzca
en una fiscalización más minuciosa del desempeño del Estado y por ende, de la
movilización ciudadana.
En el proceso de rendición de cuentas pueden darse obstáculos en la ciudadanía, así
como en el Gobierno. En la primera fase, el gobierno está obligado a dar a conocer
información sobre su accionar para que la ciudadanía la utilice como insumo para
evaluar el desempeño del Estado y participar. Para completar esta fase, el Gobierno
puede carecer de capacidades tecnológicas o de capital humano para proveer
información de calidad a la ciudadanía.