MICHELLE MOLINA M.

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REVISTA ACADÉMICA ECO (16) : 25-47, ENERO / JUNIO 2017

obteniendo un pago de (desenlace j) para minimizar 
sus costos (-8>-11).Considerando dicha decisión, 
la población no se movilizará (desenlace k) para 
evitar altos costos (0> -4). De esta forma, cuando 
G prevé que los votantes no se movilizarán ante 
su rechazo de la demanda ciudadana (desenlace 
k), esta será su estrategia predilecta pues ahorrará 
aceptar tal demanda (desenlace l) y acabará con un 
pago mejor (-2>-3). Asimismo, cuando V analice las 
implicaciones de hacer la demanda a G (desenlace 
k), esta será su mejor acción (0>-2).

Recopilando, tanto en el primer como en el segundo 
apartado del juego, se obtuvieron las principales 
estrategias, fueron los desenlaces g y k, ambos 
un óptimo de Pareto. A modo de conclusión, se 
observa que O es el jugador en hacer la primera 
movida, por lo que confiando en la racionalidad 
del resto de jugadores y conociendo los pagos de 
cada uno de los desenlaces para cada jugador, 
es capaz de decidir no realizar la demanda del 
cambio de patrones de inversión a G (desenlace k), 
previendo que de esta forma optimizará su pago 
final (-1>-3). Por lo tanto, el desenlace k, que se 
refiere a dinámica donde la oposición no demanda 
de cambios de patrones de inversión, la población 
sí demanda que se realice mayor inversión, la cual 
es rechazada por G para finalizar con la decisión 
de V de no movilizarse; es la estrategia dominante 
donde ninguno de los jugadores tiene incentivos 
para cambiar de estrategia.

• Análisis de resultados

Congruente a lo establecido por Moore y Putzel 
(1999),este modelo de teoría de juegos evidencia 
que no toda inversión pública contribuye 
necesariamente a la reducción de la pobreza. En 
el resultado del juego, se resalta cómo la gestión 
pública suele favorecer a quienes siempre han 
recibido inversión. Sobre este tema, la literatura 
corrobora que con el tiempo la distribución de la 
inversión genera desigualdades entre regiones por 
acción del mercado y también por intervención 
del Gobierno, lo que puede provocar fricciones 
interregionales que podrían ser expresadas como 

manifestaciones y movilizaciones como se verá en 
este estudio respecto a las desigualdades de la Ip.

El propósito más general de la política fiscal, 
propósito común con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, es mejorar el bienestar 
de sus residentes. Para esto, y entre otras, la 
política fiscal tiene la función de redistribuir el 
ingreso del país derivado de consideraciones de 
eficiencia y equidad. Pese a ello, la efectividad de las 
políticas de inversión, no han aportado a mitigar la 
pobreza y mejorar las condiciones del casi 60 % de 
guatemaltecos, que a 2014 vivían debajo de la línea 
de pobreza. 

Guatemala fue el único país que no solo no 
cumplió con los ODM, sino que elevó sus niveles 
de pobreza, teniendo una movilidad descendente, 
principalmente de las clases medias; además que la 
concentración de ingresos por el 1 % más alto de la 
población tiende a incrementarse sostenidamente, 
hecho al que no son sensibles las encuestas de 
hogares (PNUD, 2016). Según Latinobarómetro 
(2015), el 44.4 % de la población considera injusta la 
distribución de ingresos del país.

Lo anterior es congruente con los resultados del 
modelo presentado, que intenta dar una explicación 
sobre por qué la población históricamente 
beneficiada suele ser más favorecida y la población 
pobre recibe menos apoyo del Estado. Lo reconoció 
Zapil (2014), al demonstrar como en la asignación y 
ejecución de inversión pública acumulada de 2012 
se plasman ciertos sesgos en los montos de Ip. En 
los municipios con niveles de pobreza menor al 31 % 
hubo una inversión acumulada sobre los Q2 000 per 
cápita; mientras que los municipio más pobres (>78 
%) ejecutaron máximo Q350 en cinco años (Zapíl, 
2014). 

El Mapa 1 presenta visualmente cómo las áreas de 
mayor desarrollo (y menor pobreza) cuentan con 
más infraestructura (proxy, las carreteras asfaltadas 
del país). Estas desventajas en inversión se traducen 
en rezagos económicos y sociales que entorpecen 
el desarrollo económico de las áreas afectadas, que