FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

38

Según el informe del Iarna (2013, pág. 42) el rol de las instituciones debería ser el

limitar el uso de bienes y servicios naturales sobre utilizados en el subsistema 
económico, tales como las tierras y los bosques; regular eficientemente la 
descarga de residuos y emisiones; desincentivar actividades energéticas 
contaminantes y de deterioro territorial como la minería; y asegurar el uso 
de bienes y servicios naturales bajo el enfoque de la mejor opción social en el 
marco de límites de capacidad de carga natural (pág. 42).

Políticas públicas focalizadas que incluyan instrumentos económicos, normativos 
y de sensibilización como impuestos o permisos de explotación, pueden cambiar 
los incentivos. Estos costos se le sumarían al costo marginal del producto, 
incrementando el precio que deben pagar los consumidores por él. Si los productos 
más contaminantes son más caros, su demanda se reduce. Se asumiría que a 
largo plazo entren al mercado productos con impactos ambientales menores a 
precios más bajos. Esta transición se ha observado en economías avanzadas. El 
Estado puede utilizar esos recursos para invertirlos en proteger los ecosistemas: 
reforestando, etc. (Schlager y Ostrom, 1992) 

Sin embargo, incrementos en los precios reducen el poder adquisitivo, 
especialmente de los más pobres. También hacen a la empresa menos competitiva 
que el resto en un mercado mundial. El mecanismo es viable únicamente si todos 
los países adoptan las mismas reglas. 

1.4. La propiedad comunal y las organizaciones comunitarias

Elinor Ostrom (1992) propone que los recursos naturales pueden gestionarse 
como propiedades comunes sin tener que recurrir a propiedad privada o estatal. 
Cuando los miembros de una comunidad local tienen acceso a sus recursos y los 
controlan, pueden crear y aplicar reglas que conducen a modelos de gobernanza 
económica satisfactorios y sostenibles (Ostrom, 2008). La evidencia revela que hay 
abundantes ejemplos exitosos en la administración de recursos por organizaciones 
comunitarias (Ostrom, 2008).

La propiedad comunal no es ausencia de reglas. “Como en el caso del gobierno y la 
tierra privada individual, debe haber un marco político y legal que apoye la propiedad 
comunitaria para que ésta sea efectiva. Debe ser posible adquirir el reconocimiento 
legal oficial de derechos comunitarios” (White y Martin, 2002, págs. 20-21). La 
propiedad comunal eficiente opera dentro de un marco con: límites claramente 
definidos, reglas de uso, participación en los procesos de decisión, control efectivo 
de parte la comunidad, entre otros (Schlager & Ostrom, 1992). La clave de este tipo 
de instituciones está en el manejo, la exclusión y la alienación. Limitar el acceso 
al recurso a terceros, puede resultar en su protección e inversión a largo plazo 
(Schlager y Ostrom, 1992). Esto implica que requieren un marco político y legal que 
las apoye. La adaptabilidad de las instituciones al contexto es crucial para resolver 
problemas con los recursos ecosistémicos. De esta manera la protección a los 
ecosistemas sería una alternativa sostenible bajo las organizaciones comunitarias.