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gún lado. En ese sentido, insistió, era una afrenta a
la memoria histórica.
Para Arenales lo grave no era eso. Al fin y al
cabo, había otras cosas inaceptables: el desorden
de Sepaz, los presuntos indicios de tráfico de in-
fluencias y malversación, pero, sobre todo, lo que
el abogado ha llamado las “investigaciones judi-
ciales” del Archivo de la Paz. “La parte que se re-
fiera a investigar archivos militares para determi-
nar responsables de violaciones de los derechos
humanos, ni me compete ni la puedo hacer”, me
dijo Arenales. “Ahora bien, si hubiera ya una cer-
teza sobre la vigencia y los alcances de la amnistía,
se puede hacer investigación histórica donde se
analicen riesgos, responsabilidades y culpas. Por-
que no tendrá efectos judiciales”.
Le pregunté a Miguel Ángel Sandoval, un ex
comandante guerrillero, si estaba de acuerdo con
que había una contraofensiva en el campo de bata-
lla de la Memoria o, como me lo describió la acti-
vista de derechos humanos Helen Mack, “lo que
nos estamos jugando es quién escribe la historia y
cómo se escribe, y cómo se mantiene el establish-
ment”. Sandoval, un hombre impetuoso y tajante,
me respondió que no es la Memoria lo que está en
debate. “Todos los datos confiables hablan de las