Andrés Zepeda /

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Para colmo, Álvaro Colom se metió zancadilla a sí mismo al 
prometer en campaña que en su primer año de gobierno no 
haría nada en materia de reforma fiscal. Ello en desmedro 
de lo dicho en el discurso de toma de posesión, en el que ma-
nifestó sus intenciones de lograr una política fiscal “estable y 
responsable”. Algo “serio”, sostuvo.

Ese acuerdo no llegó nunca: bien dicen que, tratándose de 
impuestos, lo que no se hace en el primer año ya no se hace.

No había tampoco, dentro de la UNE, una conciencia o 
reconocimiento sobre la importancia del problema fiscal 
en Guatemala y sobre la necesidad de resolverlo, recuerda 
Fuentes Knight. Y, si la había, prefirieron no enfrentarla de-
bidamente ante el costo político que hubiera podido repre-
sentar.

Como era de preverse, los efectos de no haber impulsado la 
reforma fiscal con mayor vigor y convicción no se hicieron 
esperar: Guatemala contaba con reservas demasiado escasas 
para hacer frente a las dos crisis económicas (la primera, en 
2008, derivada del incremento de los precios del petróleo; 
la segunda, un año después, resultado de la especulación fi-
nanciera en los mercados inmobiliarios) y se mostraba im-
potente a la hora de encarar los daños provocados por los 
torrenciales chaparrones y las intensas sequías que año con 
año azotan al país, y que se suman al efecto de la penetra-
ción del crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

Era el Congreso de la República el escenario donde con-
fluían los sectores en pugna respecto de la reforma fiscal. 
Por un lado el Ejecutivo, por otro lado la élite empresarial 
encarnada en el CACIF y representada sobre todo a tra-
vés de sus tentáculos en el Partido Patriota, principal bloque 
opositor; y en el medio algunos grupos supuestamente afines 
a la UNE, como los diputados de la Gran Alianza Nacional,