Andrés Zepeda /

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que se limitó a corresponder con algunas deudas de campa-
ña. Por ejemplo, el hecho de nombrar, como secretario eje-
cutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 
a un abogado que había trabajado antes para el grupo 
TOMZA, S. A. (cuyo propietario, Tomás Zaragoza, fue su 
financista) nos habla, dice Melini, “de lo influenciable y ma-
nipulable que fue”.

Por su parte, desde el ministerio de Energía y Minas Car-
los Meany impulsó las carboneras, permitió que siguiera la 
mina Marlin a pesar del incumplimiento de regulaciones, le 
dio luz verde a los rusos en El Estor y a los chinos en la 
explotación de arenas en el Pacífico. Todos esos intereses, 
teniendo en cuenta que quien le hablaba al oído a Colom 
era alguien tan orientado a los negocios como Gustavo Ale-
jos, provocaron que la agenda ambiental fuera considerada 
como una piedra en el zapato, denuncia Melini.

El sector privado, recuerda Fuentes Knight, se mostró siem-
pre propenso a dejar de lado lo social y lo rural para desta-
car, como medida prioritaria, la promoción de la minería, 
concibiéndola como fuente capaz de generarle al Estado re-
cursos suficientes para que éste no se decantara a favor de 
una reforma tributaria. “Creo que el Presidente”, prosigue 
Fuentes, “consciente del carácter conflictivo de la minería, 
pero probablemente influenciado por su relación cercana 
con ciertos grupos empresariales, incluyendo al propio cír-
culo de Carlos Meany, manifestó cierta ambivalencia no sólo 
en relación con la minería en un sentido amplio sino, más 
específicamente, en lo que se refiere a la renovación de un 
contrato de explotación petrolera situado en un área prote-
gida en el Petén por parte de la empresa Perenco”.

… y la prórroga a la petrolera

El 22 de julio del 2010, en consejo de ministros, el Presiden-