/ Cambios para no cambiar

Pz

P

55

nión. Eso nos sugiere que el poder político está comprado 
por el poder económico a través de corrupción que no deja 
rastro”, dice. “Es obvio que Guatemala está cooptado por un 
poder económico compatible con las industrias extractivas y 
las transnacionales”.

Técnicamente la mina Marlin, operada por la firma Mon-
tana Exploradora en dos municipios de San Marcos, está 
haciendo lo que la ley le permite que haga. El problema, 
entonces, no es de la compañía sino del Congreso y su ne-
gligencia al no modificar la Ley de Minería con el propósito 
de incrementar los controles ambientales y el margen de re-
galías para el país; y eso, subraya Melini, permite sospechar 
que Montana ha estado financiando a los principales parti-
dos políticos desde antes incluso de empezar sus operaciones.

Resulta curioso, por decir lo menos, que cuando la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos dictó resolución sobre 
una medida cautelar previniendo la posible contaminación 
de la cuenca y la consecuente transgresión del derecho de las 
comunidades aledañas a gozar de un ambiente sano, Álvaro 
Colom se apresuró a salir en defensa de las actividades ex-
tractivas con el argumento de que éstas no contaminan.

¿Qué se hubiera podido hacer? Melini se apresura a con-
testar: regalías mineras a una tasa fija de no menos del 16 
por ciento, una tasa fija del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
del 7.5 por ciento y la indexación del precio de las regalías 
al comportamiento de los mercados internacionales del oro. 
“De ser así”, asegura, “el pisto nos sobraría. Producir una 
onza de oro le cuesta a Goldcorp 134 dólares (incluyendo 
ISR, IETAPP, IVA, RSE, regalías mineras y todo lo demás) 
y la está facturando hasta a mil 730 dólares en el mercado 
internacional”.

Algunas decisiones administrativas de Colom hacen pensar