Andrés Zepeda /

Pz

P

54

No debería extrañarnos, entonces, que Guatemala ocupe el 
segundo lugar mundial en vulnerabilidad por el cambio cli-
mático.

Las concesiones mineras…

Son muchos los problemas sistémicos cuyas causas sería in-
justo atribuir exclusivamente a la administración de Colom: 
la corrupción generalizada, el deterioro ambiental y la esca-
sez de gasto público asignado al desarrollo rural, entre otros.

¿Y qué decir de los conflictos derivados de las operaciones 
que realizan las industrias extractivas? ¿Por qué, si se trata 
de un problema común a varios gobiernos, el peso de la saña 
recae de manera más acentuada en Colom y su equipo?

“Si te das cuenta”, observa Blanco, descargando de cierta 
responsabilidad al gobierno pasado, “no fueron muchos los 
contratos de exploración que otorgamos; pero el gobierno de 
Berger nos heredó más de doscientas licencias autorizadas. Y 
no querés saber el problema legal que implica derogar algo 
así. Ahí está Ferrovías para demostrarlo”.

A estas alturas parece evidente que la explicación está no 
sólo en las licencias autorizadas durante administraciones 
anteriores o en el boicot mediático que tuvo casi permanen-
temente en la picota al gobierno de Colom. Está sobre todo 
en la estafa que para la ciudadanía supuso constatar cómo, a 
juzgar por varias acciones concretas, el discurso socialdemó-
crata del expresidente fue mera cortina de humo.

No puede ser que en los últimos siete años hayan llegado 33 
iniciativas al Congreso para modificar la ley de minería y 
ninguna haya avanzado más allá de la primera lectura, de-
nuncia Melini. “Durante dos años, Alejandro Sinibaldi (hoy 
ministro de Comunicaciones) fue presidente de la Comisión 
de Energía y Minas del Congreso y nunca convocó a reu-