Andrés Zepeda /

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reducir su contribución en entrega de fincas. Lo que esto 
demuestra, dice Incer, es una clara dificultad para entender 
la dinámica de la pobreza en el campo, ya que, haciéndose 
llamar socialdemócratas, “aplicaron represión y ofrecieron 
una política pública mediocre y de muy baja ejecución”.

¿Hasta qué punto el dinero de los programas de asistencia 
están generando la posibilidad de un desarrollo sostenible y 
permanente?, se pregunta. Habría que ver la unidad familiar 
como un eje de la política pública, agrega, apoyándola con 
transferencias no necesariamente de dinero sino de semillas, 
de animales, de tierras, o de capacitación.

“Yo me sitúo en los pies de un niño del área rural y mi ho-
rizonte es terrible: o me muero de desnutrición, o consigo 
sobrevivir para convertirme en un proletario mal pagado 
trabajando en una plantación de café o de azúcar, o me voy 
de mojado. Esas son las posibilidades que el Estado guate-
malteco le brinda a la mayoría de su población”.

Cabe aclarar que el incremento de desalojos tuvo que ver no 
tanto con políticas emanadas del Ejecutivo sino con órdenes 
judiciales, regatea Blanco, pese a que hubo, eso sí, violencia 
excesiva. Carlos Menocal, ministro de Gobernación saliente, 
se defiende: “Creo que no se ha entendido cómo funciona el 
proceso de judicialización de un caso. El gobierno no decide 
antojadizamente desalojar una finca. Lo ocurrido en el valle 
del Polochic, por ejemplo, fue una petición que hizo el Mi-
nisterio Público al juzgado de Alta Verapaz. Teníamos que 
actuar; de lo contrario, cometíamos desacato”.

Vulnerabilidad ambiental

La problemática ambiental no se considera una prioridad 
nacional porque, para empezar, no le interesa a la élite, ex-
plica Karin Slowing, y para colmo el ciudadano común es 
muy poco consciente de su relevancia. Destaca, sin embargo,