Andrés Zepeda /

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dieron echando mano de fondos que no se usaban, explica 
Samayoa, señalando concretamente la atávica subejecución 
en Salud y Gobernación.

No obstante, y pese a ser legales, las transferencias fomen-
tan también cierta canibalización institucional. El efecto de 
transferir recursos fue devastador para los ministerios, de-
nuncia Edgar Gutiérrez, a la vez que boicoteó sus propios 
objetivos y formó una masa burocrática sin otro propósito 
que el activismo electoral.

… y las inveteradas transas

A muy pocos sorprende que entre los diputados sea cada 
vez más común el hecho de obtener ingresos adicionales no 
sólo de negocios legítimos (gasolineras, estaciones de radio 
y de televisión de cable local) sino ilegítimos (obras públi-
cas ejecutadas a través de oenegés y constructoras) e incluso 
ilegales, como el narcotráfico. En general, los ingresos que 
cosechaban por la vía de las obras les permitían contar con 
suficientes recursos para financiar su campaña de reelección 
y volver permanente la inmunidad de la que gozaban por 
ser diputados, explica Fuentes Knight, lo cual garantizaba la 
impunidad y les permitía seguir involucrados en el ‘negocio’ 
de la política.

En varias ocasiones, las cámaras patronales se pronunciaron 
no sólo contra el desfinanciamiento y la pésima administra-
ción de Colom y de su equipo sino, sobre todo, contra la 
carencia de un plan claro de a dónde quería ir y qué era lo 
que había que hacer para llegar ahí.

Pero, ¿y qué había de aquel ambicioso Plan de la Esperanza 
cuyos alcances llegaban hasta el año 2032?

Orlando Blanco ofrece una no muy honrosa explicación: el 
programa de gobierno, dice, vino a ser algo así como una