/ Cambios para no cambiar

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algunas excepciones en todo caso minoritarias) evidenciar 
la organicidad de sus vínculos económicos, comerciales e 
ideológicos con el sector privado y con la tradicional oposi-
ción de éste a las políticas reformistas. De hecho, es común 
observar en sus espacios esa costumbre, convertida casi en 
derecho adquirido, de litigar sin ecuanimidad ni capacida-
des suficientes en sustitución de los también disfuncionales 
tribunales de justicia.

Ejemplos para sustentar lo antes expresado abundan, sobre 
todo en las páginas de los diarios y en los segmentos radiono-
ticiosos: la difícil pero necesaria racionalidad lógica detrás de 
buena parte de las transferencias interministeriales, el caso 
Rosenberg y la candidatura de Sandra Torres son tres de 
los casos que hubieran requerido más investigación y menos 
saña ideológica.

Un botón más que evidente apareció en el titular de portada 
del matutino Prensa Libre del pasado 19 de diciembre (re-
producido semanas más tarde en el editorial de elPeriódico), 
según el cual “El 95.8% reprueba la gestión de Colom”. En 
realidad, el rotativo se limitó a circular la pregunta entre su 
público lector y a recoger y tabular las respuestas que éste le 
proporcionó vía telefónica; la cifra referida, por lo tanto, ca-
rece de rigor estadístico al no hallar sustento en una muestra 
representativa del universo poblacional del país.

“Creo que Álvaro Colom no tenía una idea completa del 
tamaño del poder de veto del principal poder económico y 
del vínculo cuasi umbilical de éste con la élite mediática”, 
comenta Hernández. Se trata, dice, de un poder meramen-
te fáctico que contribuye claramente a la construcción del 
imaginario social de destrucción de la institucionalidad. La 
opinión pública, explica el escritor y humanista español José 
Luis Sampedro, no es un espejo del pensamiento reflexivo de 
la gente. Es, más bien, una opinión mediática, una opinión