/ Cambios para no cambiar

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designación de Sandra Torres a cargo del Consejo de Cohe-
sión Social, recuerda Fuentes Knight, fue anunciada desde la 
primera sesión de gabinete, en enero del 2008.

El programa más notable de Cohesión Social, Mi Familia 
Progresa (cuya fórmula había sido implementada con resul-
tados sobresalientes en dieciocho países de la región, entre 
ellos México y Brasil), consistía en condicionar la entrega de 
trescientos quetzales a familias pobres a cambio de que las 
madres e hijos asistieran a centros de salud y a que los hijos 
atendieran la escuela, y fue determinante para contrarrestar 
la difícil situación derivada del marcado encarecimiento de 
la canasta básica como resultado del alza de los precios del 
petróleo ocurrido a principios del 2008.

Ya para agosto de ese año había más de 180 mil personas 
extremadamente pobres que se beneficiaban del programa, 
niño mimado del gobierno y de su pretendida vocación so-
cialdemócrata, en contraste con 128 mil atendidos a través 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), aparte de otros 
programas entonces a cargo del ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) que se ampliaron gra-
dualmente, como la refacción escolar.

Cohesión Social llegó a ser más importante que el propio ga-
binete, convirtiéndose en un foro de toma de decisiones tan 
fuerte que incluía no sólo a ministros sino también a secre-
tarios y a directores de entidades que manejaban recursos, 
como FONAPAZ y el FOGUAVI. Según cifras oficiales, con 
una inversión equivalente a apenas 0.34 por ciento del PIB 
del país, Mi Familia Progresa acabó por cubrir 307 munici-
pios (92 por ciento de un total de 333), con 887,912 familias 
inscritas, brindando cobertura a 2.4 millones de niños me-
nores de quince años –en comparación, sólo durante el 2011 
los bancos del país percibieron, en concepto de intereses co-
brados al Estado, más de 130 millones de quetzales más de