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La juez Flores concluyó que a Ríos Montt sí se le podía de-
ducir responsabilidad por la masacre de Dos Erres, pero la 
sorpresa fue que lo ligó a proceso por genocidio y no por 
asesinato, de manera que el general sigue bajo arresto domi-
ciliario y tuvo que pagar una nueva fianza de Q500 mil, algo 
que le produjo al general una visible irritación.

Pero en el rostro de Edgar Pérez Archila, el abogado de la 
Asociación Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en 
Guatemala (Famdegua), que actúa como querellante adhe-
sivo en el caso de Dos Erres, no se leía satisfacción sino in-
quietud.

Después de la audiencia, Pérez Archila dijo que la decisión 
de ligar a proceso a Ríos Montt por genocidio era una estra-
tegia deliberada para mantenerlo bajo arresto domiciliario 
y agregó que el caso Dos Erres no encaja en la definición de 
genocidio, ya que las 201 víctimas eran campesinos no indí-
genas provenientes de varios departamentos de la costa sur 
y no eran un grupo etnolingüístico específico, a diferencia 
de la población Maya Ixil de Quiché. A su criterio, acusar 
a Ríos Montt de genocidio en este caso, abrirá las puertas 
para que la defensa pueda argumentar con facilidad que esa 
imputación no tiene mérito. 

“Para la jurisprudencia internacional, la definición de geno-
cidio conlleva que sea un grupo dentro de un país que sea 
distinto a la población general del país, como los habitantes 
de Quebec, en Canadá, que hablan francés.  En Guatemala 
hay más de 20 etnias y se puede cometer más de un geno-
cidio pero la población de Dos Erres eran campesinos, una 
comunidad de guatemaltecos que buscaban el desarrollo, a 
quienes el Estado les dio tierras para que buscaran un mejor 
futuro y luego con otra decisión les arrancó ese futuro. Pero 
no eran un grupo distinto a la población general del país” 
recalcó Pérez.