/ El largo camino a la justicia

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días después apareció en el parque central un listado de mu-
jeres de la localidad que una mano anónima se encargaría 
de asesinar.

La violencia en el municipio se manifiesta comúnmente en 
el ámbito doméstico y ese año la hija de uno de los sobrevi-
vientes de la masacre de Dos Erres fue ultrajada. Otra mu-
jer, hija de otro sobreviviente, fue asesinada a golpes por su 
esposo después de denunciar el maltrato al cual la sometía.

La joven psicóloga se dio cuenta de que curar las profundas 
heridas que había dejado el conflicto armado implicaba ir 
más allá de trabajar con los 64 sobrevivientes de la masacre 
que habían decidido permanecer en Las Cruces y además 
de atender a las familias de Dos Erres, se dio a la tarea de 
trabajar con víctimas de la violencia intrafamiliar y otros 
grupos vulnerables.

Pero en el ejercicio de su labor se estrelló contra el muro de 
la burocracia oficial: una gigantesca y absurda maquinaria 
sin rostro que sólo es capaz de procesar cifras, normas, in-
formes. Realizar visitas a domicilio en vez de esperar a que 
las víctimas de la masacre acudieran a la clínica y ampliar 
su ámbito de trabajo a otros temas como la violencia contra 
la mujer, le valió a la psicóloga una reprimenda por parte 
del director. En mayo del año pasado renunció a su cargo y 
ahora trabaja en Baja Verapaz con una ONG que le brinda 
apoyo psicosocial a los sobrevivientes de la masacre de Plan 
de Sánchez.

Hace dos años, a medida que avanzaba la investigación 
para llevar a juicio a Carlos Carías, Manuel Pop Sun, Da-
niel Martínez y Reyes Collin Gualip, el Ministerio Público 
comenzó a sondear entre la asociación de familiares quiénes 
podían ser testigos, descartando aquellos de avanzada edad 
o frágil condición física o psicológica. Sobre los que no testi-